Entre otras cosas, en el escrito las agrupaciones firmantes valoraron que “tampoco se ha observado un real compromiso para generar estrategias socioambientales de mitigación que requiere esta crisis climática” teniendo como referencia un caso particular, “un verdadero ecocidio que se perpetró y continúa incrementándose en nuestra ciudad: la destrucción de un humedal con todos los daños imaginables que se desprenden de ese ataque a un ecosistema, reservorio de vida”.
A raíz de eso, precisaron que en Concordia “se violaron las siguientes normas de jerarquía superior: Art 14º y 41º Const. Nac., Arts 4º, 13, 14º, 22º, 37º, 51º, 83º, 84ºy 85ºCP; Sección 3 del Nuevo Código Civil y Comercial-Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva-Artº240; Ley Nº 27275/16 de acceso a la Información Pública, Ley 25831/03 sobre libre acceso a la información pública ambiental, Acuerdo de Escazú vigente en nuestro país desde el 22/4/21, entre otros”.
Al respecto, solicitaron a la secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, la Ing. María Daniela García, que “se pronuncie públicamente en relación al hecho al que nos referimos, que comenzó con el desvío de un cauce de agua que atravesaba el sitio y continuó con la destrucción del humedal de Salto Chico, con el consiguiente perjuicio a la flora y fauna nativa lugareña y a la biodiversidad tan importante para su desarrollo”.
Además, precisaron que “en el lugar se observa claramente el relleno y la alarmante construcción de una plataforma de cemento, aparentemente base de construcciones futuras” lo que implicaría que “el espacio ha sido convertido en ‘territorio de sacrificio’ para construir locales comerciales en beneficio particular, o más, haciendo caso omiso de los reclamos efectuados por organizaciones defensoras del ambiente desde el año 2019 hasta la fecha”.
