Además, la entidad solicitó una audiencia con carácter urgente al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, pero aún no fue atendida.
Siempre de acuerdo a lo que señala la mencionada CAME, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad.
Los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes y programas de asistencia social desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el “blanqueo” implica la baja automática de los beneficios.
En ese marco afirman que “el Plan Empalme jamás funcionó, entonces, tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social”, argumentaron.
Desde las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos.
“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME.
“Para que el problema no se agrave ni se replique en otros cultivos es necesario que el Estado intervenga de manera urgente. Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, recalcó Rodríguez.
“Actualmente, los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado. Sea cual sea la opción elegida, los riesgos son altos”, continuó.
Asimismo, la ausencia de registración tiene otro perjuicio para el empleador. Lo que no está declarado no puede deducirse en la liquidación anual del Impuesto a las Ganancias, por lo que el productor se ve en la obligación de absorber estos costos, que vulneran aún más su rentabilidad, si decide encarar la zafra con trabajadores informales.
La mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre el 45% y el 75%, según la actividad. Con respecto al nivel salarial y a modo de ejemplo, en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta $100 el tacho, mientras lo acordado era $50; por lo que un cosechero puede cobrar un jornal de entre $5000 y $6000.
Las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. “Un país con hambre y altas tasas de desempleo se da el lujo de desperdiciar alimentos por no contar con la cantidad de personal necesario para levantar la zafra”, remarcó el titular del sector de Economías Regionales de CAME.
