Sobre el particular, detalló hasta 2007 la publicidad oficial no tenía un marco normativo, estaba descentraliza entre los ministerios y no había un registro de medios. A partir de su llegada a la DGIP comenzaron a ponerse en marcha el encuadre legal, la centralización del pautado (que antes estaba a cargo de cada ministro o secretario, llegado el caso) y a formarse un mapa de medios de comunicación provincial que permitió una distribución “más democrática” de la pauta oficial porque antes “estaba concentrada en Paraná”.
Asimismo, destacó que recién luego de que la Dirección pasó a ser Ministerio, el área de comunicación tuvo un área contable y legal propias para poder llevar adelante la administración de sus contrataciones.
El relato de Baez siguió en parte un orden cronológico, complementado por detalles de cada una de las 5 causas que se están tramitando. No fue interrumpido por preguntas de las partes. A diferencia de lo que ocurrió con el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó, no permitió que defensas o fiscalía lo interroguen. En la acusación se notó nuevamente la ausencia de la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. La funcionaria faltó a las indagatorias de dos de los ex funcionarios más importantes que están sometidos a juicio. Dejó la acusación en manos de la fiscal Patricia Yedro y de los agentes fiscales interinos Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
En la exposición fue aclarando algunos puntos que forman parte de la estrategia de Fiscalía. El primero fue aclarar que la intervención previa del Poder Ejecutivo que se exige para iniciar la tramitación quedó salvado desde 1996 con la inclusión de la firma del gobernador en la orden de publicidad.
También echó luz sobre una observación del Tribunal de Cuentas respecto a que debía haber un decreto a tal fin. Hizo mención a que se había eliminado ese requisito.
Asimismo, tomó distancia de los controles de los expedientes. Por la gran cantidad de áreas a su cargo, dijo que había miles de trámites a su cargo, debía confiar en que se habían cumplimentado los pasos anteriores en el área y sólo estaban a su vista al momento de la firma.
En referencia al supuesto direccionamiento de publicidad en vía pública hacia las empresas que están bajo la lupa en el proceso (TEP, Next, Montañana y Bustamante), aseveró: “Lo que hicimos fue contratar prestadoras de servicios que reunían los requisitos, que tenían el equipamiento, las marquesinas, las vallas y demás. Sin ellos no hubiésemos tenido comunicación en vía pública. No hay alternativas. Eran esos prestadores o la nada. Esa misma falta de alternativas la tienen hoy quienes tienen la responsabilidad de la comunicación provincial, municipal nacional e incluso los privados”, reseñó.
También habló de su relación con Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Sergio Urribarri y también imputado en las causas por haber sido, supuestamente, el verdadero dueño de TEP y Next. “Fue particularmente política, de respeto mutuo. Compartíamos un mismo espacio partidario. Pero a pesar de esto no hablaba con él sobre las campañas publicitarias del Gobierno ni de las partidarias. Yo era responsable de lo institucional y él de lo partidario. Yo no me metía en su responsabilidad ni él no lo hacía. Tampoco lo hubiese permitido”, afirmó.
También tomó distancia personal del resto de los implicados particulares en las causas.
Baez negó que haya habido falta de control sobre las empresas de vía pública. Y puso como ejemplo datos extraídos del informe que presentó Fiscalía, donde se notan diferencias sustanciales entre lo contratado y lo efectivamente pagado. La brecha se explica por la falta de certificación, indicó.
“No ha surgido ninguna comunicación (de las que presentó la acusación) que diga ‘Ya hablé o arreglé con Pedro’. No hay nada que me vincule con las empresas”, sintetizó.
El ex ministro utilizó casi 20 minutos para explicar el porqué de la solicitada contra los fondos buitres que pagó la Provincia. Fiscalía entiende que esa publicación estaba ligada al entramado que sostenía la idea de Urribarri de luchar por la presidencia en la interna del Frente para la Victoria. Pero Baez aseguró que se trató de un planteo de un Gobernador en defensa de los derechos naturales que, desde la Constitución de 1994, se reconoce como propiedad de las provincias, ante la eventualidad de que estos sean asaltados por los acreedores externos para cobrar los títulos comprados a precio cercano a cero.
En referencia a los videos de la cumbre del Mercosur, que en la teoría del caso de Fiscalía sirvió también para la campaña de Urribarri y además causó un perjuicio económico al Estado al ser direccionado el proveedor elegido, el ex titular de Comunicación precisó que tomó intervención sólo cuando se decidió la acción, aportando material preexistente en el Ministerio, y para terminar de elegir al prestador en el abanico de cuatro oferentes que presentaron ofertas.
Sobre la evaluación del contenido de esos spots, alegó que es algo “opinable y subjetivo”. En su opinión, sirvieron para mostrar el desarrollo de obras que estaba teniendo Entre Ríos en esos años.
En varios tramos, señaló que ningún organismo de control expresó objeciones ni se iniciaron acciones en su contra por su accionar administrativo.
