El primer tramo de su declaración insumió casi tres horas y consumió por completo la etapa matinal de la audiencia. En ese lapso respondió las preguntas que le realizó la Fiscalía para sostener sus hipótesis en el tramo de la causa conocido como de las imprentas del Megajuicio en el que están acusados el ex gobernador Sergio Urribarri; sus ex ministros de Comunicación, Pedro Báez y de Turismo, Hugo Marsó; su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y otros ex funcionarios y particulares.
Según el relato acusatorio, TEP y Next son en realidad propiedad de Aguilera, cuñado de Urribarri, y quienes figuran como titulares (Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena y Alejandro y Luciana Almada, esta última pareja de Aguilera) son meros testaferros. Gallo ratificó que Giacopuzzi; Sena y ambos Almada eran los dueños.
Además, según el Ministerio Fiscal, estas firmas en conjunto con Bustamante y Montañana habrían cartelizado la publicidad en vía pública entre 2010 y 2015.
La fiscal Patricia Yedro desplegó varios correos electrónicos de y hacia Gallo, referidos a operaciones realizadas entre TEP y Next con Montañana y Bustamante y con otras firmas de la actividad gráfica.
En reiteradas oportunidades, la testigo explicó que las dudas y suspicacias que Fiscalía planteaba se centraban en las particularidades del negocio publicitario y de la cartelería. Gallo detalló en varios tramos:
- Que TEP y Next (y su figura de fantasía, Formato Urbano) tenían una administración unificada, pero contabilidades diferentes.
- Que, en ese marco, Montañana y Bustamante contaban cada uno una cuenta corriente independientemente de si pedían productos o servicios de TEP o de Next.
- Que los saldos de esa cuenta corriente se facturaban conforme había disponibilidad de cobro para evitar tener grandes montos de IVA que abonar.
- Además, indicó que era habitual que Montañana y Bustamante girasen el dinero de manera directa a proveedores de TEP y de Next, para evitar un eslabón en la cadena de pagos y reducir costos bancarios y financieros. Algunos proveedores de TEP y Next, como Ciscato y Megaprint, también le habían abierto a las dos empresas bajo la lupa una cuenta corriente en la que iban cargando los saldos de los trabajos y servicios que le proveían.
- Esto implicaba que con un solo movimiento de pago, se reducía el saldo acreedor de Montañana o Bustamante en TEP o Next y de éstas en Ciscato o Megaprint.
Así explicó Gallo sus gestiones con unos y otros por giros de dinero, que en la hipótesis de Fiscalía constituirían devoluciones por la cartelización.
Además, la testigo negó trabajar para Bustamente o Montañana. Indicó que muchas veces hacía trámites administrativos para Bustamante, debido a que su titular Jesús José María Bustamante, contaba con una estructura muy chica y sólo con un contador externo dedicado a la liquidación de impuestos. Lo mismo ocurría con Montañana, que tiene su sede en Concepción del Uruguay.
En un tramo de esta parte del interrogatorio Yedro le alcanzó a Gallo un libro IVA Compras, donde se registran las adquisiciones, y le pidió que busque “al azar” algún registro de una factura que Next le haya hecho a Montañana o a Bustamante. En vano la testigo intentó explicar que ese tipo de operaciones tendría que estar registrado en el libro IVA Ventas. Y que en IVA Compras no habría nada porque tanto Montañana como Bustamante eran clientes, no proveedores.
“Está queriendo confundir a la testigo”, se quejó el defensor Miguel Cullen.
“Doctora Yedro. Lo que está contestando la testigo es que en ese libro no figurará lo que usted pregunta”, intercedió el presidente del Tribunal José María Chemez. Fiscalía no reformuló la pregunta ni le acercó el otro libro contable. Por el contrario, Yedro retiró la pregunta.
No fue el único cruce entre la contadora Gallo y Fiscalía. Luego de que respondiera a varias preguntas indicando que no recordaba, la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche la amenazó con el falso testimonio, exigiendo al Tribunal que le recuerde que estaba bajo juramento de decir verdad.
Vínculo
Para recargar el punto de la relación entre TEP/Next con Aguilera que constituye el vértice de la acusación fiscal en este tramo de la causa, la Fiscalía puso varios elementos más sobre la mesa.Uno de ellos fue la adquisición de elementos de computación para Gustavo Pererya, otro testigo de la causa que declaró ser amigo de Giacopuzzi y Sena y que colaboraba con ellos.
El destino de esos elementos era una oficina cercana que Pererya, empleado del PJ Entre Ríos, usaba para su empresa Publicitar. Gallo dijo no recordar el correo que la Fiscalía le exhibió, pero razonó que era posible que se haya adquirido porque “comprábamos (a nombre de las empresas) muchas cosas para descargar IVA”.
Vale recordar que el impuesto al valor agregado representa el 21% del precio final de un producto o servicio. Y que los sujetos gravados con este tributo deben, mensualmente, sumar el total del IVA que facturaron en ventas, restarle todo el que se generó con compras y depositar en la AFIP el saldo.
También le consultaron si era frecuente que Aguilera estuviera en la sede de calle Racedo de ambas firmas. Respondió que en el primer tiempo que ella estuvo como contadora, sobre 2014, no pero luego sí “acompañando a su pareja, Luciana”.
Hubo un momento turbulento entre Fiscalía y Defensas cuando la acusación mostró una recorte de chats de un grupo de WhatsApp en el que estaban Luciana Almada; la contadora Corina Cargnel y la testigo. Fue de tal tensión que se pidió a Gallo esperar afuera hasta que el tema se hubiese zanjado.
Las conversaciones eran del 2016 (por fuera del período investigado) y, según Cullen, la edición de Fiscalía no permitía contextualizar los dichos que allí se vertían. El letrado afirmó que se habían tomado pocas líneas de un total de 1900 mensajes del chat. Tras un intercambio de opiniones, el Tribunal permitió seguir adelante con el interrogatorio.
Primero el Ministerio Público Fiscal y luego las defensas pasaron distintos tramos de la conversación, unos para indicar la presunta relación de Aguilera con las firmas y otros para señalar que Giacopuzzi; Sena y ambos Almada interactuaban como reales propietarios y no como meros prestanombres.
Luego se pasó a exhibir una serie de mails de un empresa de seguros, con pólizas autorizadas para el pago por Giacopuzzi que incluía tanto a movilidad de la empresa como vehículos particulares de empleados, monotributistas que prestaban servicios a las empresas y también de Aguilera y Franco Urribarri, hijo del ex gobernador.
Yedro le preguntó puntualmente a la testigo si sabía cuál era el vínculo entre Aguilera y Sergio Urribarri. “Aguilera trabajaba en Casa de Gobierno. Y son del mismo partido político”, expresó. No hizo mención a que había un vínculo familiar y que eran cuñados.
Otros testimonios
Virginia Lisnofsky, actual funcionaria de Turismo provincial, relató ante el Tribunal cómo fue el inicio del registro de medios que organizó en los años iniciales del primer gobierno de Sergio Urribarri a quienes contrataría el Estado para difundir sus acciones y políticas. Lifnosky fue su primera responsable.En una testimonial entrecortada y poco clara, dijo no recordar o no saber muchos detalles de aquel proceso y de los pasos administrativos pertinentes
Quien sí dio una versión sólida fue el actual director de Asuntos Jurídicos de la secretaría de Comunicación, Pablo Dimier.
Luego de algunos interrogantes introductorios, Fiscalía fue directo hacia la causa que investiga la publicación de solicitadas contra los fondos buitres. Le pidió que la lea. Dimier algo ofuscado comenzó a desandar el extenso texto hasta que Chemez lo interrumpió y pidió al MPF que marcara qué partes en concreto eran de interés para la pregunta.
El interés de la acusación era saber si el contenido se ajustaba o no al criterio de difundir políticas o acciones de gobierno. “No opino sobre el contenido”, sostuvo. Pese a la insistencia de la Fiscalía, no se salió de esa respuesta, aclarando en sucesivas etapas que su rol como operador legal en la Administración pasaba por controlar la legalidad del acto.
Pese a que no estaba ocupando el cargo durante la contratación de las publicaciones a través de Global Means, otro legajo que compone la acusación compleja por las disparidades de fechas entre el registro como medios, la emisión de la orden y las inscripciones fiscales, Dimier opinó sobre este punto. Comentó que por el área pasan unos 29 mil expedientes y señaló que los trabajadores del Estado “somos seres humanos” que pueden equivocarse.
Su teoría es que en el cúmulo de trámites, el sistema tomó la preinscripción de la empresa como inscripción y se emitió la orden de publicidad. Luego, el mismo sistema corrigió el procedimiento, se completó la documentación y se terminó con el acto administrativo al año siguiente.
En el tramo final de su exposición ante el Tribunal, el testigo confesó: “Como militante político tuve relación con ‘El Pato’ Urribarri y con Pedro Báez. Nunca ninguno, ningún funcionario, ningún secretario ni subsecretario me pidió modificar un dictamen para favorecer a alguien o me pidió urgencia en un trámite”. (APFDigital)
