El contador, que fue además profesor universitario, integrante de la Policía de Entre Ríos y director de Administración del Ministerio de Planeamiento durante un breve lapso entre las dos gobernaciones de Urribarri (fines del 2010 – mediados del 2011), elaboró para la acusación un informe de parte en el que analizó la distribución de publicidad en vía pública durante el lapso 2010 y 2015 y una serie de archivos sobre el Parador de Mar del Plata.
La relevancia del primero de estos documentos es que los fiscales sospechan que hubo cartelización de la publicidad en la vía pública entre cuatro empresas (TEP, Next, Bustamante y Montañana) y que el producido de esta confabulación terminaba en los bolsillos de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, a quien la Fiscalía sindica como dueño real de TEP y Next, dejando en el rol de prestanombres a los que figuran en la documentación como propietarios (Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena y Alejandro y Luciana Almada.
En cuanto al Parador de playa La Perla, la interpretación de un archivo de Excel en el que figuran movimientos entre TEP, Next, Montañana y las firmas involucradas en el evento es lo que sostiene el argumento de Fiscalía de que esa contratación se hizo para pagar parte de la campaña de Urribarri cuando buscaba posicionarse como presidente. Enrique describió su lectura de los datos afirmando que se construyó un “puente mágico”.
Imprecisiones
Enrique se lució como hábil declarante, esquivando los planteos, las preguntas y repreguntas de los abogados defensores. En más de una ocasión, las objeciones de Fiscalía y la anuencia a éstas del Tribunal integrado por José María Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno, lo sacaron de apuro.
Pero en el tramo final de las casi 7 horas de testimonial fueron quedando al descubierto las inconsistencias de su informe.
Una de las primeras que salió a la luz fue que no pudo precisar de qué modo la Fiscalía le dio las indicaciones sobre cómo abordar el material, si de manera escrita u oral. Pero más adelante indicó que se le pidió que haga un relevamiento de normativas aplicadas al escrutinio de la publicidad oficial y de las observaciones que realizaron los órganos de control (Contaduría General, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado). Su material de trabajo fue el que le facilitó la acusación.
También comentó que no sabía de la existencia de un impuesto que gravara las transferencias de dinero. Recién a la tercera repregunta recordó la existencia del tributo sobre el crédito y débito bancario.
Números que no cierran
Ante las preguntas del defensor Juan Manuel Velázquez, el contador reconoció haber incorporado mal algunos períodos de publicidad. Fue cuando el abogado le señaló que la adición de las columnas de publicidad por empresa en los años del 2010 al 2015 no se correspondía a la cifra que figuraba en el total. “Puede ser un error en el procesamiento de los datos. Son tablas dinámicas las que hice”, concedió. Luego abundó: “La columna final puede estar sumando montos que no están dentro del período investigado, como por ejemplo el 2009”.
“Y si no estaba en el período investigado ¿Por qué estuvo en esta planilla?”, indagó el abogado. “Porque seguramente lo tenía a la vista. Yo procesé todos los expedientes que estaban a disposición”, fue la explicación del testigo.
En el mismo sentido, colocó datos de publicidad recibida por una empresa que no llegaban a representar el 100%: eran apenas tres (28%, 27% y 17%) que totalizaban 72%. “¿Qué pasó que faltó ese porcentaje?”, preguntó el abogado. “No lo habré consignado”, soltó Enrique sin más.
También puso como prestadores de publicidad en vía pública a entidades tales como la firma PIA SA (que explota la señal de Canal 9 Litoral), la Asociación de Citricultores y hasta al ex comisario Mario René Wolff Furlong, productor televisivo provincial actualmente imputado por abuso de menores en la causa de los chiquitos de Oro Verde que eran entregados por familiares en ritos satánicos.
Además, reconoció un yerro sustancial: en un gráfico de tortas, los porcentajes de participación de las empresas en la distribución de publicidad oficial en cartelería sumaba 122%. “En el informe no veo una aclaratoria”, le indicó el letrado. “Debería decir el 100%. Es una regla de tres simple y se puede sacar (SIC)”, le contestó. Luego se desdijo: “No es una regla de tres simple, simplemente se puede sacar la participación y el monto total”. “Insisto: ¿Usted chequeó esta información?”, remarcó Velázquez. “Sí. La tengo que haber chequeado seguramente ¡Pasó tanto tiempo!”, respondió.
En el tramo final, y ante las preguntas del defensor Miguel Cullen, debió reconocer otras falencias de su informe. En concreto haber puesto como publicidad oficial en vía pública la difusión con promotoras, folletería y una Traffic de la Fiesta del Mate que se hizo durante uno de los años investigados.
Y también haber dejado afuera del cálculo del año 2010 a una empresa de cartelería. A pesar de que había investigado por su cuenta y sin tener pedido de Fiscalía quién era José Albistur, ex secretario de Medios de la Nación cuyo nombre aparecía en una planilla, no controló a una firma que había facturado más que la suma total de las tres que consideró. La compañía mayoritaria había facturado al Estado 1,4 millones y el global de las restantes 1,2 millones.
Otra falencia que terminó aceptando es que el monto de las órdenes de publicidad que sumó para llegar a los $ 24 millones que se le reclaman a los acusados no se correspondía con los pagos que realizó el Estado. Por caso, una orden de publicidad que en su registro figuraba con 160 mil pesos tenía relacionados cuatro pagos de 13 mil pesos.
En sus extensas exposiciones, que muchas veces contenían desvaríos sobre asuntos que no tenían nada que ver con la pregunta que debía responder, Enrique achacó algunos de los yerros del informe que presentó a Fiscalía a la mala información que le proveyó tanto el área legal de la Secretaría de Comunicación o la Contaduría General.
Pero ante una pregunta en concreto sobre si la cifra de 24 millones de pesos que se reclama a los imputados es correcta o sus errores la cambiaban, reconoció: "Puede haber una diferencia".
Por la campana
El Ministerio Público Fiscal intervino en varias ocasiones para rescatar de apuros y sofocones a Enrique. Dos de las principales fueron cuando se lo interrogaba sobre su seriedad como profesional y la restante cuando se enredó al intentar explicar el porqué había incorporado como empresas de vía pública a firmas que nada tienen que ver con ese negocio.
El abogado Emilio Fouces le preguntó si había tenido a su cargo la realización de un informe en la causa que investiga la presunta desviación de fondos de la Legislatura a través de contratos ficticios. Los fiscales no reaccionaron de inmediato y fue el propio testigo el que intentó impugnar la pregunta: “No tiene nada que ver”, soltó.
Fouces insistió y el Tribunal lo obligó a contestar. Pero cuando el letrado quiso avanzar sobre qué final tuvo ese documento que había preparado para el Ministerio Público Fiscal y si había sido convalidado por las pericias que realizó luego el Superior Tribunal de Justicia, la fiscal Patricia Yedro objetó. Esta vez Chemez hizo lugar a la queja y dijo a Enriquez que no responda. El defensor había interrogado sobre cómo su cálculo de desfalco por más de 2 mil millones de pesos había sido ajustado por la perito del STJ Andrea Mariana Battisti a apenas $ 357 millones.
La segunda ocasión fue casi al cierre. Fue cuando Cullen le mostraba el listado de vía pública que le había enviado la Secretaría de Comunicación y la que había armado él, sumando a dos empresas que están investigadas (TEP y Bustamante) y que no estaban registradas bajo ese rubro, si no como agencias de publicidad.
Primero fue el agente fiscal suplente Francisco Ramírez Montrull quien quiso interponer una objeción por reiteración de preguntas. Como la contraargumentación de Cullen dejaba todo sentado para que el Tribunal rechazara el planteo, Yedro pidió que se retire el testigo para dar otros argumentos.
En el relato que hizo, la fiscal aseveró: “El contador está en una confusión cuando dice publicidad en vía pública. En realidad es publicidad estática en cartelera (SIC)”.
“Recibimos el informe de Enrique. Lo leí tres veces. No hay ninguna confusión ¿Cómo no le puedo preguntar al testigo sobre lo que firmó?”, interrumpió Cullen. Chemes ordenó el debate y tomó una decisión salomónica: avaló la pregunta, pero le pidió al defensor que no sea reiterativo.
