Este evento fue investigado por Fiscalía y finalmente llevado a juicio bajo la sospecha de que se utilizó no con fines institucionales de la Provincia sino con un objetivo político: promover la figura de Urribarri como posible presidenciable. Además, la acusación consideró que hubo desvío de fondos de la contratación oficial hacia la promoción del ex gobernador.
Martín y Coutone testimoniaron este jornada y fueron contestes en señalar que el parador tuvo como fin y objetivo promocionar el turismo de Entre Ríos en todas sus variedades: termas, carnaval y río entre otras. Y negaron que durante los 30 días que estuvo en funcionamiento se haya utilizado con fines políticos o electorales.
Los fiscales habían puesto la lupa sobre un detalle administrativo. Hubo dos empresas que participaron en la licitación para el Parador: El Juego en el que Andamos, de Gerardo “Foia” Caruso, y Castromil. En el pago del sellado para la registración de estas dos firmas en el Registro de Proveedores de Entre Ríos participaron, respectivamente, Coutoune y Martín. Ambos recordaron haber hecho trámites juntos por esos días. Este hecho no es menor porque los tickets de pago del sellado son consecutivos.
La productora explicó ante la consulta de Fiscalía que, en un negocio con pocos prestadores y donde todos se conocen, es común realizar trámites para una persona conocida del ambiente. “A Castromil sí le dí una mano para hacer un trámite formal. Es bastante común, normal en nuestro trabajo pedir una mano”, expuso.
Coutoune, por su parte, narró sin demasiado detalle que trajo los papeles de la inscripción de “El Juego” a Paraná.
Tanto Martín como Coutoune destacaron que Caruso es una persona muy reconocida en el medio con largos años de trayectoria en distintos rubros artísticos. Fue ante la repregunta de las defensas, porque la Fiscalía había acentuado el hecho de que “El Juego” era una firma con pocos años de actividad.
Carteles
El primer testigo de la audiencia fue el publicista Javier Osvaldo Phillips, quien fue contactado en 2015 por Juan Pablo Aguilera para la colocación de unos carteles en las rutas con el fin de promocionar la figura de Urribarri, que pretendía entrar en competencia por la presidencia. Según detalló, este tipo de acción de marketing es habitual para posicionar a una figura poco conocida en una etapa previa a la campaña electoral.Aguilera, por entonces titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, ofició de operador publicitario de su cuñado, el ex mandatario provincial. Y contrató, de palabra, por tres meses un centenar de carteles en rutas. La cancelación de este servicio debía hacerse a mes adelantado, pero solo hubo un pago. Los otros dos quedaron pendientes y Phillips consignó que los registró en “pérdidas”. “Lamentablemente, esto es habitual en el negocio con la política”, explicó.
El publicista también señaló que para hacer la instalación subcontrató a una cooperativa platense denominada “X la plata”, que era la que tenía la cartelería en distintas zonas del territorio bonaerense y, además, podía dar la logística de colocación.
El arreglo que Phillips hizo con Aguilera fue que le pagaran directamente a la cooperativa. Él recuperaría su comisión por intermediar luego. Según detalló el testigo, recibió como respuesta la petición de que se facture a “El Juego en que andamos”. Y más adelante dijo que que esa factura fue cancelada con un depósito bancario “¿Quién la pagó?”, quisieron saber las defensas. “Me dijeron que fue por transferencia bancaria electrónica, pero no quien”, fue la respuesta.
El Ministerio Público Fiscal le mostró entonces una planilla de excel (que los fiscales denominaron pomposamente “esquema de devolución”) sacada de un allanamiento en la sede de la empresa de Caruso. Allí se veía en las primeras columnas operaciones del Parador y, sobre uno de los costados, el pago a Phillips por el servicio de cartelería. El testigo aseguró que, si bien el dato del dinero era el correcto (unos 338 mil pesos por el primer mes) nunca había visto esa planilla ni conocía a los titulares de la firma.
Phillips consignó además que nunca tuvo contacto con Urribarri ni con el resto de los imputados.
Papeles
El último testigo de la audiencia de este martes fue el ex titular de la Unidad Central de Contrataciones Eugenio Horacio Argüelles, quien se desempeñó en el cargo desde 1996 hasta que se jubiló en 2015.Su paso ante el Tribunal respondía a las dudas lanzadas sobre el proceso de licitación del Parador y al modo en que “El Juego” se alzó con la contratación oficial.
En primer lugar, Fiscalía puso la lupa sobre las fechas de la licitación ya que esta se sustanció a mediados de diciembre del 2014 y la firma ganadora recién completó su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado a fines de ese mes.
Luego de varias preguntas, objeciones de las defensas y repreguntas por parte de la acusación, Argüelles aclaró que el sistema de contrataciones de la provincia prevé que, para incrementar el número de oferentes en una licitación a fin de que el Estado logre mejores condiciones y precios, se permite la participación de empresas que no estén inscriptas en el registro. En caso de resultar adjudicadas, agregó, tienen diez días para completar el trámite. De allí que el alta a “El Juego” se haya dado recién el 29 de diciembre.
El Ministerio Público también había enfocado el detalle de que la legalización de la dirección en Buenos Aires de la empresa tenía fecha 30. El testigo consignó que, en ese aspecto, confiaba en lo que había otro funcionario del área que debía controlar la documentación.
Cabe destacar que Argüelles no está imputado en la causa ni se le acusa de irregularidad alguna. Los Fiscales tampoco hicieron uso de la opción que tenían de acusarlo en la audiencia si es que hubiesen entendido que se incriminaba. En varios tramos del interrogatorio de la acusación, el abogado Miguel Cullen pidió la intervención del Tribunal debido a que entendía que agentes fiscales buscaban “confundir al testigo”.
Fiscalía también centró parte de su caso en la dirección de “El Juego”, habida cuenta de que hubo varias respuestas postales que constaban en el expediente de la contratación que volvían con la leyenda de que el domicilio declarado en Capital Federal era inexistente. Era un elemento que contribuía al relato de la insolvencia de la firma.
Luego de que los acusadores utilizaran un largo tramo para machacar sobre este punto, la audiencia pasó a un cuarto intermedio. Al retomar, fue el turno de repreguntar de las defensas. Hubo un interrogatorio combinado de Cullen y Emilio Fouces.
Cullen le mostró al testigo, y al Tribunal, las certificaciones legales del domicilio y los sobres y envíos postales que habían sido devueltos. Mientras que en las primeras figuraba Vera 942 Piso 5 Departamento “B”, en las segundas se leía Vera 942 Piso 5 Departamento “8”. Es decir que por un error de escritura el correo no encontró el domicilio de “El Juego” en Buenos Aires. Fiscalía no repreguntó.
La última pregunta que respondió Argüelles antes de que se disponga un cuarto intermedio hasta el jueves fue si el 29 de diciembre de 2014 estaba en condiciones de expedir el certificado de proveedor para “El Juego en que Andamos”. “Entiendo que sí”, fue su contestación.
