Vitagliano es un empresario ligado a diversos rubros que tuvo negocios en paralelo con TEP y Next y con Aguilera con su empresa Visual Illusion.
Durante varios tramos de su declaración mencionó que TEP y Next llegaron a su conocimiento a raíz de una consulta que le realizó Giacopuzzi. Fue en relación a la calibración de la colorimetría de una impresora de última generación. El planteo concreto fue que necesitaba asistencia técnica para poder utilizarla correctamente. Y que con Aguilera se vinculó a raíz de la campaña electoral del PJ Entre Ríos de 2015 que consagró gobernador a Gustavo Bordet. El único elemento común entre las empresas y Aguilera fue la contadora Corina Cargnel, que llevaba los números de las imprentas y del ex funcionario del Senado provincial
Según detalló, en una primera etapa el negocio con el cuñado del ex Gobernador fue compra de productos y entrega. Pero en una segunda instancia, Vitagliano y Aguilera planificaron un esquema diferente. Bajo la figura del clearing, Vitagliano y Aguilera armaron un sistema donde el empresario vendía a precio y calidad ventajosa a Aguilera los insumos para la campaña del peronismo entrerriano. Los pagos anticipados que iba recibiendo le permitirían generar un fondo que le serviría para reequiparse con maquinaria e insumos nuevos a fin de expandir el negocio.
Una tercera etapa, a iniciarse después del cierre de la segunda, comprendía que Aguilera se asociara a Vitagliano quien quería alejarse del negocio y enfocarse en su firma de juicios por accidentes y lesiones.
Si bien estas últimas operaciones comerciales entre privados no tenían ninguna vinculación directa con el objeto de la investigación centrada en el desvío de fondos públicos, Fiscalía se extendió durante más de una hora en conocer los detalles.
En particular, la acusación proyecto bajo el título rimbombante de “documentos” tres documentos de Word encontrados en un disco rígido cuyo secuestro está cuestionado. Esos escritos eran un modelo de contrato de compra – venta de una parte del capital accionario de Visual Illusion hacia Next, otro de cesión de acciones en el mismo sentido y un mutuo (acuerdo de préstamo entre privados) entre Visual Illusion y Next en el cual esta última le prestaba a título gratuito 500 mil dólares.
Estos escritos por ser archivos de texto no estaban firmados ni contenían fecha cierta, además de tener espacios en blanco en datos centrales para la debida conformación de un escrito legal (números de documento, direcciones, nombres de los representantes legales de las empresas, etc) e incluso graves falencias en su redacción. En el encabezamiento del mutuo se dejaron espacios en blanco para completar los datos de la cónyuge de Vitagliano. “Pero yo no tengo cónyuge. Soy soltero”, afirmó el empresario quien además aseguró ante el Tribunal que era la primera vez que veía esos archivos y que no participó en su redacción.
El presidente de Visual Illusion remarcó que el ofrecimiento de asociación había sido hecha a Aguilera. “TEP y Next eran gráficas muy chiquitas de provincia. Y Visual es la segunda imprenta del país”, abundó el empresario.
Además, precisó que Aguilera le quedó debiendo plata de la segunda etapa. Al no haberse concluido esta parte de la transacción no se avanzó a la tercera fase. Y Vitagliano afirmó que tuvo que afrontar con recursos propios las inversiones que ya había iniciado para expandir Visual Illusion. El
Un punto álgido del debate se registró durante el extenso interrogatorio de la acusación fiscal referido a mensajes de WhatsApp entre Cargnel y Vitagliano donde el empresario le reclamaba, a lo largo de 2015, que Aguilera le gire fondos. El Ministerio Público ya le había exhibido un listado de cheques de TEP y Next para la cobertura de facturas por trabajos que habían tercerizado con Visual Basic, pero intentó hacer entrar en contradicción al testigo al consultarle si esos valores (firmados por Alejandro Almada) eran los que reclamaba por chat a Aguilera en la misma fecha. El empresario lo negó y, luego de un cruce con el fiscal interino Francisco Ramírez Montrull, éste le pidió al Tribunal que le recuerde al empresario que estaba bajo juramento.
La situación motivó una protesta de las defensas y la intervención del presidente del Tribunal, José María Chemes, ordenando el debate.
Al turno de contra interrogar de las defensas, Marcos Rodríguez Allende le consultó si Aguilera en algún momento se interesó o le hizo alguna referencia respecto a TEP. “No”, contestó el testigo. “¿En algún momento usted lo relacionó con la imprenta?”, insistió. “No”, respondió Vitagliano. “La contadora Cargnel ¿le informó de algún interés de Aguilera en TEP?”. “No. Son cosas separadas”, remarcó el empresario.
Por su parte, Miguel Cullen le pidió que diga si alguna vez fue contratado por el Estado de Entre Ríos. “No, no trabajo para ningún Estado”, fue la respuesta.
Cuestión de imagen
A primer y último turno declararon respectivamente el perito del Superior Tribunal de Justicia Juan Rossi y el perito del ex ministro de Comunicación Pedro Báez, Eduardo Reales. El eje de la exposición de ambos giró en torno al análisis y evaluación de las imágenes contenidas en los expedientes de publicidad en vía pública y de las tomadas en el Parador de Mar del Plata.Con respecto a la primera de las investigaciones, la hipótesis de Fiscalía es que las empresas Formato Urbano (nombre de fantasía de Next); Montañana Publicidad y Jesús José María Bustamante actuaron cartelizadas para concentrar la publicidad oficial y que esta además fue fraguada.
En referencia a la segunda, la acusación sostiene que se contrató irregularmente, que se pagó un sobreprecio y que se utilizó no como promoción turística de Entre Ríos sino como instrumento de la campaña electoral de Sergio Urribarri a la presidencia.
Rossi fue quien dio la exposición más prolongada. En más de tres horas detalló el procedimiento que utilizaron para evaluar el material tanto los peritos oficiales como las partes. A diferencia de lo que pasó con el perito de Fiscalía que revisó el material informático, Guillermo Fritz, los criterios de control de la prueba fueron acordados entre Rossi, Reales y el perito calígrafo Carlos Rodolfo Orzuza que también participó.
Durante el interrogatorio de Fiscalía, Rossi fue dejando una serie de afirmaciones que luego matizó o relativizó durante el contra interrogatorio de las defensas.
El primero y más impactante fue el control de las imágenes incorporadas a los expedientes de publicidad para certificar la publicidad en vía pública. Rossi encontró y mostró en detalle material donde se ve que varias fotos fueron utilizadas en distintas ocasiones e incluso que distintas tomas del mismo cartel se incluyeron en diferentes rendiciones. Asimismo, mostró lo que consideró ediciones en las cuales los carteles habían sido montados por edición de imagen.
Cuando le tocó el turno a los defensores, el perito no supo explicar cuál era la función que tenían las imágenes en las certificaciones publicitarias. Otros testimonios, como los de las funcionarias de la actual gestión de Comunicación Maricel Brusco y Mariela Teruel indicaron al Tribunal que las fotos son a título ilustrativo.
Rossi dijo que la foto representa, constata el momento. El abogado Cullen llevó su definición al absurdo y le preguntó si, a su entender, para certificar una campaña publicitaria de tres meses habría que sacar una foto por día. “Sí”, respondió el testigo. “¿Noventa fotos?”, repreguntó el abogado. “Sí”, reiteró.
Un punto en el que Rossi y Reales no estuvieron de acuerdo es en el espectro de recuerdo de las personas sobre las imágenes. Las defensas preguntaron si una administrativa del Gobierno debería recordar que las fotos estaban repetidas o que se usaron en distintos expedientes a pesar de que entre la vista de una y otra disten meses de distancia. Rossi dijo que sí. Reales sostuvo que no.
El otro legajo sobre el que expuso el perito del Superior Tribunal fue el Parador de Mar del Plata. En concreto expuso sobre un informe que hizo de la utilización de marcas, sellos de gestión y imágenes en la instalación realizada en el balneario de La Perla en 2015.
Rossi es bioingeniero, con especialización en ingeniería forense y fotógrafo matriculado, además de provenir de una familia largamente vinculada con la fotografía en Paraná. “Pero no somos diseñadores gráficos”, reconoció hablando por él y por el contador Orzuza, también firmante del escrito.
Pese a esta falta de incumbencia profesional, Rossi expuso en el documento y ante el Tribunal sobre la utilización de la marca Entre Ríos y del sello de gestión de la Gobernación Urribarri en el Parador.
En primer lugar, dijo que ambos ocupaban una posición similar de exposición en el lugar. A la hora del análisis, recortó el sello de gestión de Urribarri, dejando de lado dos de sus componentes: la palabra “Gobernación” y la dirección web de la página oficial de la provincia (www.entrerios.gov.ar). A este seccionamiento lo contrastó con otro: a la marca publicitaria Urribarri 2015, con la que el ex gobernador buscaba posicionarse como candidato a gobernador, le recortó el año.
Sobre esta base, comparó las dos palabras “Urribarri” y llegó a la conclusión de igualdad por el uso de una paleta de colores similar y a que en ambas se habría utilizado la tipografía “Bauhaus”, a la que se dijo que se usó en sus formas “finita, normal y gruesa” al referirse a la utilización de la familia tipográfica. No mostró ningún elemento que le haya llevado a establecer la conclusión del uso de la tipografía Bauhaus en ambos casos descartando la utilización de familias tipográficas similares, como la Chalet o la Futura, por caso.
A la hora de responder las preguntas del abogado Emilio Fouces, Rossi titubeó aún más. “Antes de hacer la pericia ¿Estudió el manual de marca de la Provincia de Entre Ríos?”, le preguntó el defensor. Luego de algunos circunloquios, reconoció que no lo había hecho. Lo mismo ocurrió cuando le consultó si había estudiado el manual de la marca de Turismo de Entre Ríos. Y también al interrogárselo sobre el sello de gestión de Urribarri.
