“La apertura del jury se decidió hace tiempo por la causa que estábamos llevando adelante contra Urribari y algunos de sus ministros por cinco casos de corrupción. Avanzó el caso con el juicio oral y la acusación y eso aceleró los tiempos. Y definió algunos de los votos. Pero esencialmente la apertura del jury tiene que ver con que la necesidad del sistema político de la provincia de interferir en el avance de las causas de corrupción. De eso no tengo ninguna duda”, afirmó en diálogo con el periodista Hernán Cappiello.
“La megainvestigación se elevó a juicio el 31 de mayo y luego vinieron los pedidos de enjuiciamiento, sobre la base de hechos falsos supuestamente ocurridos en 2018. Ahora recurren a esos hechos de hace tres años. Nunca antes nadie dijo nada, recién ahora cuando el caso (fue elevado) a juicio”, agregó.
También mencionó como puntal de la acusación en su contra la causa de los contratos de la Legislatura, aunque ante una repregunta de Cappiello debió aclarar que Urribarri “no está imputado”. Y añadió: “Por una cuestión de supervivencia (SIC) dividimos en dos el caso. La primera parte no se refiere a los funcionarios políticos, se llegó hasta el cuñado de Urribarri (Juan Pablo Aguilera). No se imputó a los representantes de las cámaras legislativas. En una segunda parte el caso podría tener vinculación con Urribarri por su rol como gobernador y presidente de la Cámara de Diputados”, reconoció.
La procuradora adjunta vinculó a sus denunciantes, los abogados radicales Rubén Paglioto y Guillermo Mulet, con Urribarri (pese a que los letrados fueron los más activos denunciantes del ex mandatario en la Justicia) y, por carácter transitivo, con el gobernador Gustavo Bordet.
“Obviamente el urribarrismo está detrás de esto. Los denunciantes del jury pertenecen al estudio jurídico que defiende a uno de los principales recaudadores de los contratos en la legislatura, es ese mismo estudio el que formula la denuncia. El Gobernador no se ha manifestado cuestionando esta situación a pesar de la enorme gravedad institucional que tiene el caso. No puedo pensar que es ajeno a esto”, consignó.
Luego, fue más allá: “Está en juego la independencia del Poder Judicial en la provincia”. Pese a que al momento sólo se ha definido la apertura del procedimiento y no se ha realizado ninguna audiencia donde además de la acusación Goyeneche podrá ejercer su derecho de defensa, adelantó: “Es además un mensaje a todos los que vienen después, esto tiene un significado claro de cual es el precio que tienen que pagar los que atreven a investigar”.
La procuradora adjunta fue más allá e incluyó en su análisis la fuerte derrota del justicialismo a manos de Juntos en las últimas elecciones legislativas como una factor que forma parte del cóctel del jury en su contra.
Apuntando al peronismo en su conjunto y ante la pregunta del periodista de La Nación, Goyeneche sentenció: “El resultado electoral los hace sentir en una situación de mayor inseguridad sobre su capacidad y poder a futuro”.
Datos
El resultado de la votación sobre el jury a Goyeneche se conoció esta semana. Seis de los siete integrantes del Jurado de Enjuiciamiento votaron por la apertura del proceso en su contra, lo que no implica desde ya una condena, vale remarcar. Eso se deberá concluir al finalizar el proceso.Los votos positivos correspondieron a los vocales del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak; Daniel Carubia y Martín Carbonell; a la representante del Colegio de la Abogacía Sonia Rondoni y a los legisladores Armando Gay (Senado) y Gustavo Zavallo (Diputados).
A pesar de los dichos de Goyeneche, ninguno de ellos tuvo una relación directa con Urribarri. Daniel Carubia y Claudia Mizawak fueron promovidos por Jorge Busti en su primer y tercer mandato, respectivamente. Carbonell llegó al Alto Cuerpo a propuesta de Bordet.
Por otro lado, la votación de los representantes del Colegio de la Abogacía fue dividido: Rondoni votó por la apertura del jury pero Luis Campos lo hizo en contra. Además, ninguno de los representantes políticos de la Legislatura está encuadrado en el urribarrismo: Gay es hombre de Bordet y Zavallo está alineado con Busti.
En el Gobierno provincial prefirieron mantener distancia y silencio ante las acusaciones de Goyeneche.
Mientras, en la Asociación de la Magistratura se debate qué hacer con el pedido de un grupo de asociados para debatir un apoyo o no a Goyeneche. La presidenta de la entidad, Gabriela López Arango, respondió a la consulta de APFDigital indicando que está con licencia y que a cargo de la institución quedó el secretario general Alejandro Cánepa.
El ex secretario legal y técnico de la Municipalidad de Paraná durante el gobierno de José Carlos Halle tendrá que definir en conjunto con el resto de la comisión directiva los pasos a seguir. No es un lugar cómodo el que ocupa circunstancialmente Cánepa: su suegro, Daniel Carubia, es uno de los apuntados por Goyeneche como integrante de la supuesta componenda.
Por otro lado, es significativo el mutismo en el que se ha sumido el procurador general Jorge García. Había sido denunciado en conjunto con Goyeneche. Pero su caso fue descartado por el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, no ha expresado ningún apoyo público a una de sus segundas en este mal trance. Por el contrario: este jueves participó de una actividad que organizó la Vicegobernación presentando al juez Federal Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández a Procurador General de la Nación.
La oposición tampoco ha tomado su caso como bandera. Sólo Pedro Galimberti, en un comunicado ambiguo, hizo una mención. Por un lado afirmó que tan pronto como algunos asuntos “empiezan a ver la luz siempre aparecen los «mandaderos» del juego sucio que hacen fuerza para tapar la luz con sombras. Intervienen allí actores del poder político y de la propia justicia”. Pero a párrafo seguido tomó distancia de la procuradora: “No se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la convivencia entre poderes, que viene de vieja data y que hay que desmontar”.
