Dejando a un lado el rojo del sistema previsional, el déficit provincial representó en 2013 un volumen de 850 millones de pesos. “La regla implícita en la gestión de desequilibrios fiscales y deuda pública es acumular déficits hasta que provenga desde la Nación algún salvataje de consolidación. Todavía no se observa que el desenlace sea inminente, pero si se agrava la reversión del ciclo económico y se profundiza el desequilibrio fiscal, este proceso se acelerará”, subraya.
El informe, titulado “El sector público y la economía de Entre Ríos”, da cuenta que en Entre Ríos el Estado arrastra “una alta presión impositiva que se suma a una muchos más alta y distorsiva presión impositiva nacional. En general, esto no se traduce en mejores servicios estatales, porque los recursos que vuelven desde la Nación vía coparticipación y transferencias discrecionales es inferior a lo que los entrerrianos pagan de impuestos”, publicó Entre Ríos Ahora.
“La gestión del gasto tiende al déficit. Casi todos los recursos que el sector público provincial recibe de la Nación son equivalentes a lo que provincia debe asignar a sueldos y coparticipación provincial. De esta forma, actúa una doble rigidez: 2 de cada 3 pesos de ingresos vienen de la Nación y la misma proporción es lo que a priori ya está comprometido para gastar; los espacios de gestión son reducidos. Esto se agrava por las condiciones de contratación de los empleados públicos, que son muy rígidas para la buena gestión y están impregnadas por la demanda de la población por ser empleados públicos”, apunta el documento.
El diagnóstico empresario pone de manifiesto que en Entre Ríos el 55 por ciento del gasto público se destina al pago de sueldos; otro 11 por ciento representa la coparticipación a los municipios. “De esta forma -apunta el informe-, el Estado provincial tiene comprometido el 66 por ciento de su gasto con alta rigidez. Esto es una limitación importante porque una proporción similar (62 por ciento) es la que el Estado provincial recibe de la fuente nacional”. Entonces, si merma el flujo de recursos de la Nación, habrá menos dinero para salarios y para distribuir entre los intendentes, y la presión no tardará en aparecer: en ese caso, la alternativa es resignar recursos de servicios u obra pública, y destinarlo a esos fines.
A juicio de los empresarios, durante la administración Urribarri el gasto en salarios públicos ha ido en constante aumento, por incremento de la planta de trabajadores, que, además, perciben mejores ingresos que el resto de los asalariados.
“Un ejemplo concreto en este sentido es que mientras un empleado público en Entre Ríos (de cualquier jurisdicción, nacional, provincial o municipal) declara a la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) obtener en el 2014 una remuneración mensual promedio de 7.000 pesos trabajando 33 horas semanales, un empleado asalariado privado registrado declara una remuneración mensual de 6.600 pesos con 41 horas semanales de trabajo y un empleado asalariado no registrado declara una remuneración promedio mensual de 3.000 pesos con 36 horas de trabajo. O sea, el empleo mejor remunerado y con menos exigencia horaria es el empleo público”, concluyen los empresarios.
Los empleados públicos cada vez son más: en 2005, se calculaba 55 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes; en 2014 se estima que hay 66 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes. “La cantidad de empleados públicos provinciales (86 mil aproximadamente) no es muy diferente al total de empleados privados formales urbanos que, según datos oficiales del Indec para Entre Ríos: se estima en 120 mil trabajadores”, apunta el informe.
En ese escenario, los empresarios advierten que en Entre Ríos el nivel de gasto público provincial “viene siendo consistentemente superior a los ingresos. Esto, sin considerar el resultado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, que por ser deficitaria engrosa el resultado negativo de las cuentas públicas”.
