La ley que quiere vetar el Gobierno había sido aprobada por el Congreso y buscaba introducir cambios en la fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones, con el objetivo de mejorar los ingresos de los jubilados en un contexto de alta inflación. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que su implementación supondría un costo fiscal demasiado elevado, lo que podría poner en riesgo las finanzas públicas. Este argumento fue duramente cuestionado por Michel, quien señaló que el monto es comparable al costo de la reducción de impuestos sobre Bienes Personales, una medida que fue impulsada por el mismo Gobierno y que beneficia a un grupo reducido de personas con altos patrimonios.
“El número que presentó la Oficina de Presupuesto del Congreso fue de 0,43 puntos del PBI, que en términos nominales representan más de 2 billones de pesos. Es lo mismo que cuesta la baja de Bienes Personales y el pago anticipado de Bienes Personales que el Gobierno y el Congreso aprobaron mediante la Ley 27.643″, explicó Michel, subrayando la paradoja de que se priorice un beneficio para un segmento tan acotado de la población, mientras se niega un ajuste favorable a los jubilados, que representan una porción mucho más amplia y vulnerable de la sociedad.
Michel criticó duramente la lógica detrás de mantener estos beneficios fiscales, sugiriendo que no generan ningún impacto positivo en la economía argentina. “Beneficiar a 40.000 personas que en su mayoría tienen cuentas en el exterior, y permitirles este beneficio a pesar de que el 31 de diciembre del año pasado no eran residentes fiscales, es una medida totalmente inconsistente desde el punto de vista fiscal”, afirmó. Además, señaló que gran parte de los bienes sobre los que se tributa en este caso están en el exterior, lo que implica que la reducción de impuestos no incentiva la repatriación ni la inversión productiva en Argentina.
El ex funcionario también aprovechó la oportunidad para abordar los desafíos financieros que enfrentará Argentina en 2025, destacando la necesidad de obtener financiamiento externo significativo para cumplir con las obligaciones de deuda. Michel detalló que el país necesitará 25 mil millones de dólares para cubrir estos compromisos, de los cuales 18.300 millones de dólares corresponden a deuda del Estado Nacional, incluidas las emisiones de bonos globales y Bonar. Los restantes 6.700 millones de dólares están relacionados con pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales, así como a deuda privada y de las provincias.
En este contexto, Michel subrayó que, dependiendo de factores como el valor de la soja y la balanza energética, el Gobierno podría necesitar entre 10 mil y 12 mil millones de dólares adicionales. Este análisis pone de relieve la complejidad del panorama económico que enfrenta el país, donde la necesidad de financiamiento externo es acuciante, y cada decisión fiscal tiene un peso considerable en la estabilidad económica general.
Durante la entrevista, Michel también criticó lo que él describió como una “visión fundacional” de la actual administración, que tiende a descalificar lo realizado por gestiones anteriores. “Siempre cuando se critica lo que se hizo para atrás, se tiene esta visión de que el que estaba hizo todo mal y el que viene hace todo bien. Yo digo, si se hizo todo tan mal, que desconecten el gasoducto o no sé por qué Milei mantuvo a la Secretaría de Energía de Massa”, señaló Michel, apuntando a lo que considera contradicciones en la política energética del gobierno.
El ex titular de Aduanas destacó que, a pesar de las críticas a la gestión anterior, el gobierno actual ha decidido mantener en sus cargos a funcionarios clave en áreas estratégicas como energía y minería. Esto, según Michel, evidencia que las críticas no siempre se alinean con la realidad de la gestión gubernamental y que muchas veces las decisiones se toman en función de necesidades prácticas más que ideológicas.
Michel concluyó sus declaraciones subrayando la importancia de adoptar políticas fiscales coherentes y equitativas que beneficien a la mayoría de los argentinos y no solo a un pequeño grupo con altos patrimonios. Para él, es fundamental que el Gobierno priorice medidas que fomenten el crecimiento económico interno y el bienestar de la población, en lugar de seguir favoreciendo a sectores que no contribuyen de manera significativa al desarrollo del país.
