La medida se toma en línea con el objetivo de ajuste fiscal y tras la escalada en el enfrentamiento con las provincias por la ley ómnibus. La medida de la mano con los aumentos que se aplicaron desde el comienzo del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero no implica mayores incrementos a los previstos en esta jurisdicción.
De esta manera, los gobernadores ahora deberán decidir si quieren destinar más recursos para contener el precio de los pasajes o si habilitan a las empresas a aplicar nuevos incrementos en los próximos meses. El fondo contemplaba unos $102.000 millones que, explicaron fuentes oficiales, serán cortados “inmediatamente”.
“Los mandatarios provinciales van a tener que determinar cuánto va a costar el boleto en sus jurisdicciones. En el AMBA se va a respetar el cronograma de incrementos previstos, no vamos a cobrar una tarifa plena por ahora”, comentaron.
En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que se esperan aumentos en los pasajes del interior: “Por supuesto que va a repercutir en tarifas. Pero la lógica es que el que necesite viajar lo pueda hacer, sea porque puede pagar la tarifa o porque está dentro del segmento subsidiado de acuerdo a la capacidad de cada ciudadano. Así que tratamos de que el nuevo esquema sea no sólo justo, sino que además permita que todos puedan usar el transporte público”.
A través de un comunicado publicado por la Secretaría de Transporte, que conduce Franco Mogetta, se afirmó: “El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”.
En ese sentido, recordaron la decisión de terminar con el congelamiento de tarifas en el AMBA para las líneas de Jurisdicción Nacional para que la tarifa tenga mayor cobertura del costo real del servicio. “De esta manera, esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”, mencionaron.
“Las personas que utilizan el servicio y que necesitan del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. En esta línea, la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, aclaró la dependencia que conduce Mogetta.
El Gobierno espera reducir el gasto en subsidios a razón de un tercio por año según lo había detallado del ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo previsto en la hoja de ruta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es recortar la partida destinada al transporte en 0,2 puntos del PBI.
