El pronunciamiento judicial haría caer de inmediato las medidas de fuerza anunciadas por el sector docente, pero también obligaría al Poder Ejecutivo a continuar con las negociaciones que permitan destrabar el conflicto.
En el marco de la Convención Colectiva de Trabajo Docente, establecida por ley 9624 el Poder Ejecutivo realizó la convocatoria a los gremios docentes y al Consejo General de Educación a la reunión de la mesa paritaria, que se conforma con un total de diez miembros, integrándose con cinco representantes del Consejo General de Educación y cinco (5) por las entidades sindicales.
La reunión se desarrolló en el ámbito del Ministerio de Trabajo, dónde las partes expusieron sus posiciones y ante la negativa del sector gremial de constituir la Comisión Paritaria, se dio por concluida la instancia administrativa; por lo que de inmediato la titular del CGE, Claudia Vallori, realizó la presentación ante la Justicia Laboral para que dicte la conciliación obligatoria del conflicto, con el fin de preservar el bien público que es el normal dictado de clases en el territorio provincial.
El pedido, radicado en el Juzgado Laboral Nº 4 a cargo de la doctora Nanci Bautista, solicita el dictado de la conciliación obligatoria por 20 días hábiles, en los que el Poder Ejecutivo mantiene abierta la negociación salarial.
En el frustrado encuentro no se conoció la nueva propuesta elaborada por la provincia, la que iba a ser presentada ante la Comisión Paritaria, ya que al no habilitarse la negociación se desconocen los detalles del nuevo esquema que presentaría el Poder Ejecutivo.
