En el marco de la cuarentena establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de la declaración de la pandemia COVID- 19, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Martín Carbonell, dio a conocer al Colegio de Abogados de Entre Ríos, las múltiples medidas que se han adoptado en el Poder Judicial para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía.
En la nota enviada al presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio, Carbonell señaló que a partir de las normas establecidas por el gobierno nacional y por la Ley 27.541 declarando la emergencia pública en materia sanitaria, por la cual luego se dispuso el aislamiento “social preventivo y obligatorio”; el Superior Tribunal de Justicia ha dictado numerosos acuerdos y resoluciones, y ha implementado un número importante de medidas -muchas de las cuales han sido previa deliberación, participación y consenso con el propio Colegio.
El presidente del STJ destacó que las mismas fueron en orden a asegurar la prestación efectiva del servicio de Justicia para toda la ciudadanía entrerriana.
En primer lugar, efectuó un repaso de la labor llevada a cabo por la administración judicial -en los términos del artículo 204 del CP- y, por la magistratura, el funcionariado, el personal técnico, administrativo y de maestranza que se ha adecuado, con rapidez y compromiso, a la realidad social y sanitaria que se impone de manera inexorable.
Carbonell recordó que el Superior Tribunal de Justicia ha dictado seis Acuerdos Especiales desde la declaración de emergencia y un número importante de resoluciones, pautas, anexos, protocolos y reglamentos -los que se encuentran compendiados y publicados en el Sitio Web del Poder Judicial- todo ello tendiente a adecuar paulatinamente la prestación del servicio a un escenario de pandemia que registra más de 6500 casos confirmados en nuestro país y más de 300 personas fallecidas.
También, hizo mención que implementar un proceso de gestión de apertura paulatina en un lapso inferior a los dos meses -que, además, ha implicado un cambio radical en las modalidades de trabajo con expresas pautas sanitarias de aislamiento, restricciones en la circulación y en el uso de papel- ha supuesto un desafío administrativo sin precedentes en la historia reciente del Poder Judicial de Entre Ríos, y cuyos detalles el Colegio de Abogados conoce.
En el documento enviado a Canavesio, se dieron a conocer datos concretos que demuestran categóricamente cómo se ha avanzado sin pausa hacia una apertura del servicio de justicia, manteniendo el delicado equilibrio que impone el respeto a las pautas sanitarias.
Es así que se consignaron los movimientos procesales, que surgen de la base de datos de los órganos judiciales de la provincia, extraídos por el Área de Informática, y procesados por el Área de Estadística al 12 de mayo de este año.
Carbonell, destacó que los movimientos procesales pasaron de promediar los 1.500 durante la modalidad de receso judicial extraordinario al inicio de la cuarentena, a 10.000 durante la modalidad a puertas cerradas, llegando hoy a 25.734 movimientos bajo la modalidad de habilitación administrada con la implementación del módulo de subida de escritos.
Al hacerse una comparativa, los movimientos registrados en los meses equivalentes al 2019: en abril hubo 23.737 y en mayo 28.287.
Estos datos son significativos porque da cuenta no sólo de que la apertura se concreta efectivamente, sino porque además demuestra que los organismos se encuentran atendiendo un volumen similar a los de un período normal, pero con equipos de trabajo afectados por pautas sanitarias, lo que sólo resulta posible por las inversiones realizadas en infraestructura tecnológica, adecuación edilicia, capacitación del personal, en claro compromiso con la abogacía y la ciudadanía entrerriana.
Carbonell, afirmó así que “en ese orden, resulta demostrativo de la no paralización de la justicia en nuestra provincia “.
A modo de ejemplo, señaló que al inicio de la cuarentena (receso judicial extraordinario), el promedio de sentencias publicadas fue de 12 y en las etapas posteriores, debido a la apertura establecida por el STJ, se llegó a un promedio de 200 por semana.
Asimismo, Carbonell señaló que sin perjuicio de lo contundente que resulta la información aludida, no es la única fuente de datos con la que cuenta el Poder Judicial para referirse a parámetros de actividad, sobre todo frente a una afirmación de tal gravedad, realizadas por autoridades del Colegio, como que las decisiones del Alto Cuerpo afectan a la ciudadanía entrerriana, cuestión que por responsabilidad institucional los operadores del derecho no se pueden permitir.
Dio cuenta que los organismos judiciales que integran el Poder Judicial, han librado más de ciento siete millones de Pesos ($ 107.000.000) en Órdenes de Pago Electrónicas, correspondiendo un gran porcentaje a honorarios profesionales, y el restante, a capital para los justiciables que han percibido lo que por derecho les corresponde.
Carbonell también hizo mención, al funcionamiento del módulo de presentaciones electrónicas aprobado por Acuerdo Especial del 27.04.20; recordando que se trata de un desarrollo propio de este Superior Tribunal de Justicia.
En este contexto, y frente a los datos brindados, el presidente del STJ sostuvo que la decisión de prórroga, que el Colegio cuestionó, luce no sólo razonable, sino responsable y necesaria. Determinar una mayor apertura sin considerar qué supone en términos de funcionamiento de los sistemas implementados, capacidad de equipos de trabajo y respeto de medidas sanitarias es, como se dijo en el Acuerdo que se discute, prematuro e innecesariamente riesgoso.
“Vemos con razonable prudencia avanzar hacia su total normalización, con decisiones que aseguren en forma permanente la salud de justiciables y operadores, tanto internos como externos”, sostuvo.
