El texto en cuestión presenta “tan sólo cinco artículos y, no sólo afecta la incumbencia profesional de abogados y abogadas, sino que también supone una renuncia a los derechos de los particulares para la aprobación del trámite, sin asesoría letrada”.
“Si bien el proyecto es presentado como una iniciativa para bajar costos en los divorcios vinculares, prevé la aplicación de nuevas tasas y aranceles, que terminarán siendo un mecanismo de financiamiento para el Estado”, expresaron.
Debido a esto, el CAER manifestó su “total rechazo, tal como realizó con el proyecto de ‘sucesiones administrativas’ y se solicitará a todos los legisladores entrerrianos que no acompañen esta iniciativa que atenta contra los derechos de la ciudadanía en su conjunto”.
