Los protocolos aprobados tienen la finalidad de establecer “un conjunto de directivas que posibiliten y uniformen el decreto y celebración de remates públicos judiciales en condiciones de seguridad, transparencia y publicidad con las garantías necesarias para la realización de ese acto procesal”, se indicó.
Asimismo, son compatibles con los cuidados de orden sanitario “impuestos con motivo del COVID-19, hasta tanto se cuente con el software y hardware propio de la subasta electrónica”.