Del festival y la marcha participaron organizaciones de toda la provincia, con una importante delegación que viajó desde Concordia para la movilización. Hubo una feria de emprendedores cannábicos que ofrecieron con comidas, postres e insumos para cultivo y merchandising.
En la grilla también hubo una charla sobre los derechos de las personas que usan cannabis. Además se realizó una competencia de freestyle rap, una obra de teatro y 3 bandas de la provincia.
El evento convocó a unas 350 personas a lo largo de la tarde y al momento de marchas se recorrió la manzana de Casa de Gobierno, se paró frente al Poder Judicial y la protesta culminó frente a Casa de Gobierno, donde se leyó el documento.
Junto con los reclamos nacionales por una derogación y modificación de la Ley de Drogas que respete los derechos humanos, hubieron peticiones locales, tales como “la inmediata reglamentación de la Ley de Cannabis medicinal en la provincia, que está sancionada pero no entra en vigencia; y la derogación de la Ley de Narcomenudeo, que persigue a cultivadores y, principalmente, a ‘perejiles’ para presentar estadísticas como un falso combate al narcotráfico cuando, en realidad, se criminaliza a cultivadores y familias pobres que tienen esa actividad económica como única alternativa en medio de la crisis”.
Por su parte, en el documento nacional que se leyó en todo el país se remarcó que la prohibición “viola el derecho constitucional de la privacidad de las personas (art. 19 CN), el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, el derecho a la cultura y la diversidad cultural, entre otros, que forman parte de los Derechos Humanos fundamentales. Y al mismo tiempo crea chivos expiatorios que justifican el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en todo el país, con un costo humano y económico altísimo. Por lo que es fundamental abarcar al cannabis desde la mirada de los derechos humanos y fundamentalmente a la libre elección. La guerra contra las drogas no solo ha fracasado en nuestro país y en el mundo, también profundizó otras problemáticas estructurales como el aumento de la violencia institucional, la proliferación del crimen organizado y su consecuente impacto en las poblaciones más empobrecidas, para quienes muchas veces, la venta al menudeo resulta su único medio para acceder a una fuente de ingreso. Esta situación debe revertirse y repararse legal y económicamente”.
“Marchamos para exigir la derogación urgente de la Ley 23.737 (especialmente el art 7 y 14 de la misma), la absolución y amnistía general para todas aquellas personas criminalizadas y su reparación histórica, la retroactividad de la ley de usos medicinales y una regulación integral de la producción y el acceso para todos sus usos. Es tiempo de que los proyectos de ley dejen de dormir en las comisiones de diputados y senadores y que legislen de acuerdo a los derechos y necesidades de las mayorías”, rezó el texto acordado por diferentes organizaciones de todo el país”, consignó APF.
