En un proyecto de comunicación presentado el 24 de abril último, el Senador Alfredo De Angeli pidió al Poder Ejecutivo que solicite al Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de la Defensa, a través de los órganos competentes, “la información acerca de por qué no se ha dado cumplimiento a la implementación del Juzgado Federal de Primera Instancia, una Fiscalía y una Defensoría Pública Oficial con asiento en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, creado por Ley Nº 26.638, sancionada el día 29 de septiembre del año 2010 y promulgada de hecho el 28 de octubre de 2010″.
En los fundamentos del proyecto, De Angeli precisó que “tanto el Consejo de la Magistratura como el Ministerio Público de la Defensa no han procedido a llamar a concurso para cubrir las vacantes de Juez Federal y Defensor Público Oficial. Tampoco ha procedido el Poder Ejecutivo Nacional a incorporar dentro del presupuesto nacional las partidas necesarias para la puesta en funcionamiento del mismo, ni se han orbitado los medios para llevar a cabo dicha tarea”.
Según señala el proyecto de comunicación, en los más de tres años y medio transcurridos desde que se aprobó la ley, el único paso dado provino del Ministerio Público Fiscal, que “ha llamado a concurso para cubrir el cargo vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Concordia, bajo el Concurso Nº 98, que se encuentra en trámite”.
En Octubre de 2013, el Colegio de Abogados de Entre Ríos, Seccional Concordia, publicó una solicitada en la que reclamó con firmeza ante la falta de “indicios” de que exista “voluntad política” para poner en funcionamiento del Juzgado Federal de Concordia.
