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Tal y como informara Diario Río Uruguay, el pasado lunes por la mañana se reunieron, de manera virtual, el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Giorgio, el vocal Daniel Carubia, la vocal Claudia Mizawak y la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero.

Según informaron, en el encuentro hablaron sobre la necesidad de articular acciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, “para evitar apremios o abusos de autoridad por parte de cualquier integrante de la fuerza policial de Entre Ríos”. Además se resolvió llevar adelante la inspección, en forma permanente y sin previo aviso, de las sedes de las comisarias policiales de toda la provincia.

Al respecto, este medio consultó al Jefe de la Departamental de Policía de Concordia, comisario mayor -Jorge Cancio- como es el trabajo que se lleva adelante con el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, quien remarcó que “en cada causa que ellos inician nosotros iniciamos una causa administrativa también, porque tenemos contacto con Fiscalía y trabajamos de manera conjunta”.

A su vez subrayó que “acá en Concordia no hay inconvenientes con la Fiscalía y con ninguno de los juzgados”, teniendo en cuenta que “se trabaja de manera coordinada en todo en lo que se necesite de forma judicial y hasta en lo administrativo, que yo necesite para las causas administrativas”, explicó el Jefe de la Departamental de Policía.

Para Cancio lo que se resolvió en Paraná de llevar adelante la inspección en forma permanente y sin previo aviso de las sedes de las comisarías, “es algo que no abarca todas las comisarias o simplemente algún caso específico que pueda llegar a ocurrir”, pero en Concordia “no hemos tenido inconvenientes en ese tema”.

Es por ello que el comisario trajo a colación que “cuando ha habido que tomar medidas disciplinarias con los funcionarios, lo hemos hecho”, como en el caso de lo ocurrido con las funcionarias de la comisaria de Minoridad imputadas por ser parte de una Asociación Ilícita, que robaba a una cadena de farmacias y luego comercializaba los productos.

Como así también los policías implicados en la mega causa que está acusada de cometer robos, promover prostitución, narcotráfico y la venta ilegal de armas.