En relación a la causa, el fiscal José Arias contó a un cronista de Diario Río Uruguay como se inició la investigación que terminó con la imputación del funcionario policial por diez hechos y la vinculación que éste tendría con el empresario, Guillermo Barrios.
“Surgió, en un primer momento, por irregularidades. Porque se habían publicado en los medios de comunicación fotografías de personas que habían sido detenidas y ello impedía que posteriormente se realizara la rueda de reconocimiento, que es fundamental, ya que nos permite vincular directamente al autor con el hecho”, indicó Arias.
Subrayando que “en este caso es un incumplimiento funcional, porque los policías tienen que guardar secreto sobre la función que realizan y mucho menos cuando van en detrimento de la propia investigación”.
Además, se corroboró que en uno de los hechos que se investigaba el robo a un remisero, “la policía -dependiente de este funcionario- había exhibido (a la víctima) quien sería uno de los autores, lo que impidió el reconocimiento en rueda de personas”.
Mientras que “en otra investigación conexa de la fiscalía se pudieron incorporar intervenciones telefónicas respecto de otras personas, que ponen a este funcionario realizando tareas ilegales”, es decir “privatizar el servicio público como funcionario policial a personas particulares y para ello cobraba dinero”.
En este marco, se hace mención al delito de “cohecho” pasivo, por el cual Ocampo recibía dinero en forma ilegal a cambio de brindar seguridad a Claudio Barrios, dueño de la distribuidora Manaos en Concordia, quien también está acusado por el delito de cohecho “activo”.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, esta situación “es un quebrantamiento de los deberes institucionales, porque el policía se debe a una función pública y no pude convertirla en una actividad privada para ganar dinero por ello”, teniendo en cuenta que “ya tiene un sueldo y un cargo y no puede tener otra explotación, por eso digo que esto no es una irregularidad sino un delito grave, porque afecta el desenvolvimiento de la administración pública, quebranta los deberes básicos de seguridad y vigilancia e igualdad ante la ley”.
A su vez, remarcó que “a esta persona (Barrios) se le brindaban servicios de seguridad, teniendo en cuenta que llamaba y decía, me podes identificar a una persona determinada, a lo que la policía iba y los identificaba, por lo cual el que mandaba era el particular y no el funcionario, lo que es inadmisible”.
Por último, Arias dijo que Guillermo Ocampo “fue imputado y se le hizo conocer todos los hechos que se le atribuyen". Agregando que “ahora hay que seguir trabajando en la evidencia, para fortalecer la hipótesis de la fiscalía y poder remitirla a juicio”.
