El juez repasó que la toma de la Jefatura de Policía incluyó “el posible acceso a la Sala de Armas” con el riesgo que ello conlleva y citó que la sedición se encuadra en una “rebelión trasladada al ámbito provincial”.
Puntualizó asimismo que “hay indicios que se apoyan en las testimoniales”, sobre la instigación a los robos y recordó que en la feria comercial Las Palmeritas -en la zona noroeste- “hubo un agente que avisó que esa noche iban a haber saqueos”.
Sobre ese punto Carbonell reiteró que “existen indicios de veracidad” y que veía “una conectividad entre los saqueos y el accionar de los imputados, aprovechándose de lo que estaba pasando en Concordia” durante esa noche.
Fundamentos
Más adelante dijo que hizo una serie de consultas, analizando la desgravación de la audiencia mantenida el 10 de febrero en el Juzgado de Garantías y que con ello y otras pruebas se encontraba en condiciones de resolver la apelación interpuesta por los cuatro abogados defensores.
Manifestando que el fallo del juez anterior, Alberto Funes Palacios, fue “procesalmente correcto” apuntándoles a los defensores que “la calidad de la información traída al juez es responsabilidad de ambas partes”.
En la contestación para cada uno de los planteos de los defensores, señaló a los abogados Buteknica y Bonato que habían hecho una lectura “muy parcial para poder afirmar que las testimoniales no eran incriminatorias para los imputados”, añadiendo que se hizo una lectura direccionada de los testimonios del Jefe de policía Lucio Villalba y Subjefe Nelson Vega, negando que las mismas no hayan sido de identidad cargosa contra los imputados.
En ese contexto subrayó que también era parcial asegurar que sólo 17 personas “no eran capaces de instigar los hechos imputados”, ya que era necesario decir que eso no coincidía con las pruebas que tenía la fiscalía y existían datos que revelaban que pueden haber nuevas imputaciones.
Entorpecimiento y complicidad
La sala estuvo fuertemente custodiada por integrantes del grupo especial de Infantería de la policía y en los pasillos y en la puerta de ingreso se repetía la misma escena. Afuera un importante grupo de familiares y amigos aguardaban expectantes conocer el avance de la audiencia.
En su alegato Carbonell mostró su coincidencia al fallo dictado por el juez Funes Palacios y apoyó que era alta la probabilidad de un entorpecimiento en la investigación.
Enfatizó de este modo en las amenazas personales, telefónicas y a través de internet que vivieron algunos testigos y dijo que “la utilización de sus propias esposas y familiares en las amenazas me lleva a coincidir con lo resuelto por el Juez de Garantías”, no descartando que las mujeres de los acusados “hayan formado parte activa de los hechos”.
El juez entendió que resultaba “evidente que tienen cómplices y adeptos, donde la prisión preventiva no tiene posibilidad de control alguna. El control sería excesivamente difícil, al igual que se denuncie el incumplimiento de la prisión domiciliaria”.
El rechazo a los planteos de las defensas y la confirmación de la prisión preventiva por 60 días llegó después de más de una hora y media de audiencia. Los abogados hicieron su reserva de casación y a los pocos minutos se escuchaba las protestas que venían desde el exterior, donde los familiares se habían concentrado e interrumpido el tránsito de calle Mitre.
