La Fiscalía recurrió en Casación ante el Superior Tribunal de Justicia, donde insistió en condenar a la mujer, y el defensor de Álvarez en absolver al hombre por inimputable. Pero el máximo tribunal de Entre Ríos confirmó la sentencia, afirmó que Zapata fue víctima de violencia de género y cuando pidió ayuda a los organismos del Estado no la recibió.
Según la investigación, en enero de 2012 Hugo murió por la brutal paliza que le dio su padrastro, quien lo enterró debajo de la cama y, con material que le hizo comprar a sus hijos biológicos que tuvo con otra mujer, ocultó el cuerpo con una carpeta de cemento. En febrero murió Rodrigo en el hospital por la misma causa que su hermanito, y recién entonces se descubrió el cuerpo de Hugo. Ambos presentaban signos de torturas.
“Horrorizado”
En la audiencia de Casación que se hizo a mediados de este mes, el procurador general, Jorge García, había reconocido que “el hecho es uno de los más espantosos que se puede recordar. La madre de los niños muertos también es una víctima", pero argumentó que "no obstante eso, también es responsable por haber quebrantado su deber de cuidado y de obrar”.
García afirmó que “no hay duda de que la madre es autora, ya sea que ella misma golpee a los niños o que no evite que Álvarez les pegue, hay un quebranto institucional equivalente”. Y sostuvo que “se trata de un esquema terrorífico de violencia familiar, dentro del cual Álvarez y Zapata han dado un trato violento a los chicos”.
Para el procurador general, la madre “habría evitado -los crímenes- si durante el año que vivieron con Álvarez hubiera denunciado. Tuvo muchísimas oportunidades de ir y denunciar, más allá de los quebrantos de reglas de parte de los miembros del Copnaf que no la acompañaron y que, tal vez, se habría evitado la muerte del segundo de los chicos”.
Por esto, García pidió que se anule la absolución de Zapata, y se ordene una nueva sentencia. Y respecto del planteo del defensor del padrastro sobre la inimputabilidad, analizó las pruebas y lo rechazó. “Los ataques de Álvarez con un nunchaku, con solo ver la sentencia, los informes médicos -que dan cuenta del destrozo de la cara y el cráneo- y los testimonios, dejan horrorizado a quien lo hace”, dijo el procurador.
Una historia de abandonos
A su turno, el defensor general Maximiliano Benítez, en representación de la madre de los niños asesinados, dijo que “no se puede olvidar que Zapata fue una verdadera víctima del hecho, se probó en la causa las cicatrices y quemaduras que tenía”. En cuanto a la muerte de Hugo y Rodrigo, Benítez se refirió a ambas circunstancias y afirmó que en ninguno de los casos los pudo defender ni pudo evitar el resultado.
El defensor relató luego la historia de vida de la mujer: “Fue abandonada desde niña, es totalmente analfabeta, a los 8 años fue abusada, luego se juntó con el padre de Hugo, quien nació cuando ella tenía tan solo 13 años, a los 15 se separa. Su segunda pareja también la golpeaba y de allí se fue a vivir con Álvarez, quien había sido pareja de su madre”.
Además, afirmó: “El Estado la abandonó siempre, no la protegió, fue abandonada, golpeada y abusada sistemáticamente. En este contexto la mujer no pudo tener una conducta alternativa”. Por esto, Benítez concluyó que la sentencia absolutoria es justa.
“Cambiar la doctrina”
El defensor oficial de Álvarez, Pablo Garrera Allende, planteó dos cuestiones. Por un lado, dijo que “los dos psiquiatras que realizaron pericias remarcaron categóricamente que Álvarez no posee frenos inhibitorios y actúa en respuesta al estímulo (...) es inimputable porque reúne tanto el aspecto biológico como el aspecto jurídico”, por lo que pidió la absolución y una medida de seguridad.
Por otro lado, Garrera Allende planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua: “Atento a la pronta reforma del Código Penal, se debería cambiar esa doctrina. Es un buen momento para respetar los principios de culpabilidad y limitar las penas en 30 años”.
“Desamparo y sometimiento”
El vocal de la Sala Penal del STJ que redactó la sentencia, Daniel Carubia, comenzó con una fuerte autocrítica hacia el sistema judicial: “Las circunstancias que rodearon la muerte de dos niños de apenas 5 y 7 años, así como el procesamiento de su madre y posterior requerimiento de condena por parte del Ministerio Público Fiscal, fuerzan a formular especiales consideraciones acerca de elementos que no fueron tenidos en cuenta a lo largo del proceso y que determinaron una seria desprotección en el tratamiento que recibiera Andrea Soledad Zapata por parte del Poder Judicial”.
Carubia destacó el testimonio del psiquiatra Enrique Stola, quien peritó a la acusada, el cual revela “la situación de desamparo y sometimiento por el terror de la que era víctima Andrea Zapata”. En este sentido, el magistrado dijo que la mujer “nunca en su vida ha podido contar con un modelo de familia que le permita considerar la violencia como algo inaceptable”.
El vocal del STJ también pasó factura a los agentes del Estado que no asistieron el pedido de ayuda de Zapata: “Esta situación no debió ser ignorada por los funcionarios del COPNAF, a quienes ella logró anoticiar -del precario modo que pudo- y no trataron la situación de la familia, no se le proporcionó a Zapata el apoyo necesario para poner fin al vínculo dañino y peligroso que sostenía con Álvarez, no se abordó debidamente su condición de mujer golpeada ni se logró que ella pudiera deconstruir los terribles modelos familiares que sufrió y reiteraba en su vida adulta”.
Fuente: UNO Entre Ríos
