El secuestro de la pequeña de 13 años, se cometió en la tarde del 25 de julio de 2004 cuando salió de su casa hacia el puesto de flores que su familia tenía frente al cementerio de San Benito. Más tarde, los captores llamaron a su familia para pedir 2 mil pesos de rescate.
El principal sospechoso del hecho fue Miguel Ángel Lencina, un hombre que al momento de lo ocurrido, gozaba de una salida laboral de la cárcel de Concepción del Uruguay, donde purgaba una pena por el asesinato de una mujer.
Lencina fue detenido y pocos días después, el 6 de agosto de ese mismo 2004, apareció ahorcado en la celda de la comisaría quinta de Paraná, donde permanecía alojado.
La viuda del principal sospechoso, Mirta Chávez fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre para pedir el rescate. Chávez recuperó la libertad condicional el 21 de abril de 2016 y fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay.
A pesar de esta condena, durante la investigación policial y el juicio no se pudo determinar cuál fue el destino de la adolescente.
La madre de la víctima, María Inés Cabrol, nunca dejó de buscarla; la mujer siempre sospechó que su hija había sido entregada a una red de prostitución y la siguió buscando hasta que falleció el 11 de mayo de 2010, a los 45 años de edad, batallando contra el cáncer.
A 16 años de la desaparición de Fernanda ya no hay convocatorias a marchas ni actos por Justicia. Prácticamente, no surge ningún testimonio que dé cuenta si la joven fue vista nuevamente o algún dato sobre mensajes con su letra que solían aparecer de vez en cuando, generando nuevas falsas expectativas.
Sólo queda el doloroso recuerdo de un hecho que impactó no solo en San Benito, ni en la misma provincia de Entre Ríos, el caso tuvo repercusiones en distintos puntos del país y en países vecinos, que aún hoy recordaron el aniversario de su desaparición.
Hace un año, la Justicia entrerriana declaró a Fernanda Aguirre “en ausencia”. Lo dictaminó la titular del Juzgado número 3 de Familia de Paraná, María Eleonora Murga.
La medida fue adoptada ante la presentación realizada, ante ese juzgado, por el propio padre de la joven, Julio Domingo Aguirre, quien fue designado “curador”, con los alcances del artículo 83 del Código Civil y Comercial.
