Tres días después, el fiscal Matías Argüello de la Vega archivó la causa. El denunciante pidió la revisión de esta medida y ahora, el fiscal de Coordinación de Concordia ordenó la apertura de la investigación de los supuestos graves delitos, al tiempo que cuestionó al agente fiscal que había alegado “escasos recursos” para llevar adelante la pesquisa.
Tavella relató la situación grave que se advertía en la administración del Aeroclub. El hombre, que ocupó el cargo hasta septiembre pasado cuando formuló la denuncia penal en la fiscalía de la ciudad, se encargó de las cuentas de la institución durante 14 años.
Según se pudo saber, el tesorero expuso cuáles eran los ardides para vaciar de socios al aeroclub a fin de que todo se maneje a discrecionalidad de una mesa chica, atentando contra la vida institucional democrática, los objetivos definidos por estatuto y la disposición de los bienes patrimoniales.
Oscar Fischbach, en representación de un grupo de pilotos y ex socios del Aeroclub Chajarí, contó la situación de conflicto y las demandas que han estado realizando ante Personería Jurídica desde el año 2010.
“Desde el año 2000, cinco pilotos fueron expulsados con la nueva conducción de Julio Cabo, y en 2015-2016 se repitió la expulsión de otros cinco pilotos más”, lamentó.
Esta situación llevó al grupo a unirse con los jóvenes pilotos en 2020 para pedir la apertura del club, una institución fundada en 1945 que, según Fischbach, ya pertenece a toda la comunidad de Chajarí.
A lo largo de 24 años, el Aeroclub no ha formado nuevos pilotos, incumpliendo una de sus principales premisas. La cantidad de socios ha disminuido de 200 en el año 2000 a apenas 90 en la actualidad, demostrando la falta de crecimiento y desarrollo. El grupo ha reclamado ante Personería Jurídica, pero no ha encontrado una respuesta significativa hasta ahora.
Denuncia, archivo y reapertura
El 7 de octubre, fiscal Matías Argüello de la Vega dispuso el archivo de las actuaciones por aplicación del principio de “última ratio”, al entender que ya se había hecho la denuncia ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia que, consideró, es la vía para tramitar la investigación.Ante esta negativa, Tavella presentó el pedido de revisión del archivo por el fiscal coordinador de Concordia, José Costa. Este representante del Ministerio Público dictaminó en desacuerdo con lo resuelto por el fiscal de Chajarí.
“Es menester mencionar que, tras efectuar un acabado análisis de las actuaciones remitidas, considero que en las mismas surgen elementos de convicción suficientes y relevantes como para sospechar que nos hallamos ante actividades irregulares y, en principio, de connotación ilícita, incurriendo los denunciados en diversos actos de reproche penal, tratándose de personas que detentan el cargo de presidente y secretario de dicha asociación civil”, sostuvo Costa en la resolución.
“Nos hallamos ante un caso de suma gravedad en tanto se denuncian posibles delitos cometidos por parte de la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Chajarí” contra el propio patrimonio de la Asociación a la que debían proteger y representar, afectándose gravemente el patrimonio y el funcionamiento de la misma”, agregó.
“De esta manera -continuó el fiscal en su dictamen-, resulta en evidencia que los hechos aquí denunciados presentan un tenor de gravedad suficiente y de contenido, prima facie, ilícito, que fundamentan la intervención de este Ministerio Público Fiscal, siendo pertinente que el Fiscal a cargo disponga la debida Apertura de Causa y dé inicio a la Investigación Penal Preparatoria, permitiéndome disentir respecto a la aplicación del principio de ultima ratio en el hecho de marras”.
En este sentido, Costa argumentó que la investigación que se lleva en la DIPJER “es una intervención absolutamente autónoma e independiente, que dista de las responsabilidades penales que pudieran recaer sobre las personas denunciadas”, y además “constituye un complemento a la presente investigación, siendo dicho organismo incluso el que puede brindar elementos probatorios de utilidad para la acreditación de una configuración penal, tratándose de una actuación totalmente complementaria, y no subsidiaria”.
Más adelante, el fiscal de Coordinación de esta región de la provincia expresó su malestar con un planteo realizado por Argüello de la Vega en su dictamen de archivo. “Considero menester hacer mención que pese a que el fiscal interviniente pueda considerar en el presente caso la aplicación de un principio de última ratio, las expresiones volcadas en su resolutorio de fecha 07/10/2024 revisten un carácter claramente inapropiado, en el cual ha hecho referencia a los ‘escasos recursos con los que cuenta este organismo”, expuso.
“Destaco el carácter inapropiado de sus expresiones -insistió Costa-, más aún cuando ellas son utilizadas como medio de fundamentación de su no intervención, presentándolo como un obstáculo a la investigación y motivación de su archivo, lo cual no puede ser tenido en cuenta ante la posible comisión de graves ilícitos que podrían surgir de la investigación”.
De esta manera, concluyó y ordenó que “el fiscal actuante deberá disponer la Apertura de Causa y dar inicio a la Investigación Penal Preparatoria, tomando todas las medidas que estime útiles y pertinentes a la dilucidación final de los eventos, formalizando las imputaciones debidas en caso de corresponder”.
