En aquella ocasión, el fiscal Mario Guerrero argumentó profusamente el pedido de prisión preventiva y entre otras acusaciones, los sindicó como “un grupo organizado” que trabajó coordinadamente en aquellas angustiosas horas de diciembre y los responsabilizó de la violenta toma de la Jefatura Departamental. En ese contexto planteó que existía un serio “peligro de entorpecimiento en la investigación” si se les permitía recuperar la libertad, valoración que fue aceptada por el juez Alberto Funes Palacio quien estableció la prisión preventiva para los policías Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, Esteban Cendra, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Gómez Luis Alberto, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez y Carlos Daniel Zaragoza, este último el único con rango de oficial por lo que su nombre encabeza la carátula del caso.
Dichos argumentos intentaron ser refutados por los abogados defensores Juan José Bukténica y Cesar Bonatto (tutelando a 13 de los detenidos) y los letrados Alejandro Giorgio y Edelmiro Díaz Vélez (dos imputados cada uno), quienes habían pedido dejar sin efecto la prisión preventiva, por considerarla una medida exagerada.
Pero el juez Martín Carbonell rechazó dichos planteos y en consonancia a lo argumentado por su par Alberto Funes Palacios, afirmó que “existen indicios” para creer que los policías podrían haber instigado a los saqueos y que supieron orquestar un grupo donde “se dividieron tareas, roles y todos formaron parte de la ejecución de los hechos”, concluyendo en que “son coautores en una situación donde todos responden con todos” y coincidió en que si los uniformados recuperaran la libertad podrían llegar a entorpecer la investigación de los hechos.
