Los efectivos mantenían prisión preventiva domiciliaria, lo que fue apelado por los abogados defensores y la sala resolvió la nulidad del procedimiento que llevó a la detención de los funcionarios.
Los efectivos están imputados por vejaciones contra un hombre que había sido detenido días atrás, en el marco de la emergencia sanitaria. Por el mismo hecho, se generó un revuelo provincial, debido al allanamiento de la Jefatura por parte de la Prefectura y hasta la imputación del propio jefe, comisario mayor Fabio Noya. Hubo críticas desde la cúpula policial provincial para con el accionar de la fiscal María Josefina Penon y el juez de Garantía, Sergio Rondoni Caffa. En tanto, desde el máximo órgano que aglutina a los magistrados judiciales de Entre Ríos, también llegó la respuesta para esos cuestionamientos.
La audiencia de conciliación estuvo presidida por el doctor Pablo Garrera Allende, quien dictó la nulidad de la sentencia que dispuso la detención de los policías, por cuanto se abre cabida a la libertad de quienes mantenían una prisión domiciliaria.
Con esta disposición, la causa caratulada “Romero Acuña, Maximiliano y otros s/ severidades y vejaciones” vuelve a su estado anterior al acto que ordenó la prisión de los implicados –además del mencionado, Francisco Mantel y Damián Basualdo- por cuanto deberá concretarse una nueva instancia judicial para resolver sobre sus situaciones.
Vale recordar que la investigación se inició por supuestos apremios contra el ciudadano Ricardo Monzón.
