Según consta en una grabación de video que luego fue presentada ante la Justicia, De la Madrid reaccionó violentamente, abalanzándose sobre uno de los reclamantes y tomándolo del cuello para intentar arrebatarle las pruebas incriminatorias. Este episodio generó denuncias cruzadas, pero el video resultó clave para exponer que De la Madrid continuaba ejerciendo la abogacía a pesar de su inhabilitación penal.
La situación se complicó aún más con las denuncias presentadas por la Municipalidad de Estancia Grande, relacionadas con el hurto agravado de documentación pública (legajo nº 10819/24, fiscal Julia Rivoira). Tras realizarse varios allanamientos en sus domicilios, se encontraron numerosos documentos oficiales del municipio.
Según la investigación, tanto Pedro de la Madrid como su esposa, Analía Romero; y su hermana, Daiana Alfonsina de la Madrid, habrían utilizado estos documentos, recortando firmas originales, para crear instrumentos falsos que acreditaban su supuesta condición de empleados permanentes del municipio.
Pruebas periciales en una causa previa ya habían revelado que la documentación presentada para sustentar la condición laboral de Analía Romero y Daiana de la Madrid era apócrifa, utilizando hojas recortadas con firmas originales.
Próxima audiencia
El próximo 30 de diciembre, se realizará una nueva audiencia penal en la que la fiscal Daniela Montangie solicitará que la condena previa de dos años de prisión e inhabilitación que pesa sobre De la Madrid pase de ser de cumplimiento condicional a efectivo. El pedido se sustenta en el quebrantamiento de la pena, ya que De la Madrid continuó ejerciendo la profesión y, además, está implicado en nuevos delitos.Los involucrados
Esta situación no solo afecta al abogado, sino que pone en jaque la libertad de los demás integrantes. Las pruebas recopiladas hasta ahora refuerzan la hipótesis de un esquema organizado que involucraría a Analía Romero y Daiana de la Madrid en actos de falsificación y fraude documental.Con múltiples causas abiertas, entre ellas la que investiga el mencionado hurto de documentación pública y la falsificación de instrumentos, las posibilidades de que nuevas medidas judiciales alcancen al resto de los involucrados son altas.
