El abogado explicó que los fundamentos de su posición surgen de que “un mes antes de que se impusiera el sumario administrativo y la destitución del cargo de Mattio, en el marco de la una reunión institucional -la vocal del CGE-, la profesora Di Lello advirtió de que iba a separarla del cargo y amenazó con una situación similar para el equipo directivo”.
En tanto que hizo referencia a la situación que dio origen a la determinación del Consejo General de Educación, la cual fue una denuncia primaria, contra el profesor Agostini por violencia de género.
Al respecto dijo que en su momento, “Mattio lo único que hizo es elevar un informe acorde a la situación nacional de la cuestión de género y a partir de ahí hay una reacción del profesor Agostini y una serie de denuncias contra la profesora Mattio, que son denuncias donde por ejemplo el formato de la letra de presentación son las mismas en todas; los argumentos varían pero giran en torno a la misma cuestión y donde hay fabulaciones, como atribuirle expresiones racistas vinculadas a cuestiones políticas”.
El letrado señaló que aquí “hay una situación confusa” y precisó que la misma “fue tomada por la profesora Di Lello de manera muy simple, por lo que está claro que hay una intencionalidad política, porque acá la situación debió hacer sido analizada de manera más compleja, donde incluso se llama a una información sumaria y acá directamente lo que hubo es una separación del cargo. Entonces, no hay que ser muy lúcido para ver la intencionalidad y es lo que le pedimos al Ministerio Público Fiscal, que investigue”.
Pereira sostuvo que tienen pruebas de lo que denuncian “como el acta que se adelanta con más de un mes de anticipación a la decisión que luego se tomó”, e incluso sostuvo que en el caso de la denunciante que luego se rectificó, “estamos convencidos de que fue forzada para rectificarse y no podemos dejar pasar semejante abuso de poder”, señaló el abogado.
En ese marco, el abogado sostuvo que a su criterio profesional “esto encuadraría en un delito penal y así se dio a conocer ante el Ministerio Público Fiscal”, más allá de esto pretenden que la comunidad tome conocimiento “del abuso de poder y la negación del Estado de Derecho, donde el poder que se tiene fue utilizado para atacar a una docente, funcionaria y directora de una de las escuelas más importante de Concordia, por cuestiones políticas. Esta situación no se debiera tolerar socialmente”.
