“Es decir que ambos impuestos no se pueden modificar por decreto del Poder Ejecutivo, sino que para modificarlos se necesitan leyes, leyes convenios o pactos fiscales que luego se ratifican por leyes del Congreso y de la Legislatura. Todo este procedimiento que está en la Constitución no se cumplió, por lo tanto son decretos inconstitucionales", explicó.
Por otra parte, se refirió al perjuicio económico que, según cálculos realizados por el Ministerio de Economía de la provincia, rondarían los 1.600 millones de pesos por los tres meses de vigencia de los decretos, lo cual implica un problema para el pago del aguinaldo, por ejemplo. “Tenemos la necesidad de resolverlo rápidamente por eso interpusimos una medida cautelar ante la Corte", agregó el fiscal de Estado.
Rodríguez Signes comentó que "la semana pasada los gobernadores se reunieron y plantearon políticamente al gobierno nacional para obtener algún tipo de respuesta, es decir que el gobierno diera marcha atrás con la parte que le corresponde a las provincias. Estamos trabajando y cumpliendo con el presupuesto 2019 y de golpe se le quitan recursos a la provincia lo cual es perjudicial". Y mencionó que, "con 14 provincias que realizaron las presentaciones, la mayoría en el país están planteando la inconstitucionalidad".
Finalmente, explicó que si bien los tiempos para que se resuelva la acción de fondo son lentos, la medida cautelar podría definirse con mayor inmediatez. Y aclaró que "las provincias que demanden y ganen el juicio contra la Nación tendrán un derecho, no así las provincias que no interpusieron demanda".
