“Cuando tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabas la conversación con su defensa”, dijo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, quien consultada por la ilegalidad de la medida, sostuvo que va a incluirlo en el Código Penal.
La respuesta
Inmediatamente, desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) en conjunto con su Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, repudiaron “enfáticamente” este anuncio y aseguraron que “ello visibiliza un desconocimiento de las garantías de las personas a defenderse y ser oída ante una acusación, como así también, al ejercicio de nuestra profesión”.Para la entidad, "imponer condenas privando a un sujeto de poder hablar en privado con su defensor es directamente eliminar la posibilidad de una defensa seria y eficiente". De permitirse, continúa el documento, "tales violaciones, bastará que quien ejerza el poder quiera encarcelar a alguien para que esto suceda; ya no habrá abogadas y abogados defensores”
Además, desde el CAER advirtieron que los dichos de la candidata “ponen en jaque las garantías constitucionales en un estado democrático de derecho”.
El repudio es a la propuesta "que ignora las garantías constitucionales como la inviolabilidad de la defensa en juicio, el debido proceso legal; velando por un noble y libre ejercicio de la defensa penal en pos de la verdad", expresa el comunicado. Subrayando que "esta garantía, reforzada mediante pactos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro bloque convencional con jerarquía constitucional son el cimiento de la república”.
Por último, desde la entidad se puntualiza que "no podemos perder de vista que, ante cualquier uso del aparato punitivo del Estado frente a la ciudadanía, y que hoy, a 40 años de recuperada, debemos cuidar y proteger enérgicamente más que nunca”.
