Al respecto, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos) remarcó que este proyecto “cuenta con modificaciones en un mismo artículo y el agregado de un artículo más” en relación al proyecto enviado desde la Cámara de Diputados. En este sentido, detalló que la modificación “refiere al tope de endeudamiento para la ejecución de obra pública”, explicando que el proyecto original “hablaba de 450 millones de dólares” y que desde el Senado “lo hemos convertido a 450 mil millones de pesos, en términos de un dólar a $1000”, y a ese artículo “se le agregó que el 10% de lo que se pueda llegar a generar en estos créditos pueda conformarse un fondo de infraestructura para gobiernos locales”. En relación a esto último, manifestó que “es una buena herramienta de gestión, atento a que Nación ha hecho desaparecer los créditos presupuestarios para obras públicas, sobre todo en municipios”.
Por otro lado, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) brindó los motivos por el cual el bloque aprueba el proyecto y expresó: “Relativizamos las proyecciones presupuestarias porque el mismo funciona bajo determinados lineamientos, de los cuales nosotros concretamente tenemos nuestras reservas, pero la provincia tiene que tener su presupuesto, por lo que hemos hecho consideraciones y lo autorizamos con el endeudamiento que solicitó el gobernador de la provincia”. A su vez, remarcó “el valor que tiene acompañar una gestión” y que, sin embargo, la expectativa del bloque es la de “no escuchar ya hablar de herencia recibida, el año 2025 ya comienza a recibir las consecuencias de un primer año de gestión de la que hay que hacerse cargo”.
El senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), manifestó su acompañamiento “como bloque” y reafirmó las palabras del senador Sanzberro. “Aprobamos el presupuesto, aprobamos un endeudamiento, queremos infraestructura, pero no más herencia recibida”.
Además, el senador Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos) solicitó que se incluya una modificación en el proyecto presupuesto 2025, “más precisamente el anexo denominado obras sin crédito presupuestario, para nominar la siguiente obra de mi departamento, Tala, desagües plurales de la avenida San Martín de la ciudad de Rosario el Tala, construcción de un nuevo edificio en la Escuela Secundaria Nº6, Héroes de Malvinas, de Gobernador Mansilla, ampliación de la Escuela Nº28, Eva Perón de Maciá, ampliación de la Escuela Nº34, General San Martín de Guardamonte, y una ampliación de la sala de nivel inicial de la Escuela Nº 5 de León Sola”, indicó.
Ley de buenas prácticas fitosanitarias
La Ley 26.117 fue aprobada por mayoría, siendo su votación general de 15 votos a favor, y 2 votos negativos. La iniciativa trata sobre las buenas prácticas en materia de fitosanitarios, a los fines de garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.La misma fue devuelta en revisión a la Cámara de Diputados. Tuvo tratamiento en varias reuniones conjuntas de las comisiones de Producción, Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Salud Pública y Drogadicción de la Cámara de Senadores. Cabe recordar que el proyecto tiene origen en el Poder Ejecutivo, que lo remitió a la Cámara de Diputados en el año 2022. Fue retomado por la actual composición legislativa y recibió media sanción en octubre de este año.
Los senadores sobre el Proyecto
El senador Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos) destacó la labor de las comisiones y trabajo conjunto: “Este compromiso y esa predisposición permitió un proceso bien amplio”. Con respecto a la ley, explicó que “viene a reemplazar una ley, la 6.599, una ley que tiene más de 40 años. En estos 40 años hubo muchos avances tecnológicos y la producción agrícola de nuestra provincia”. Por otro lado, mencionó que “ya hace unos años ha habido fallos judiciales que exhortan a nuestro poder, al poder legislativo, a dictar una ley, una norma que regule en materia de fitosanitario. Creo que estos dos puntos son más que importantes y han hecho que sea necesaria dictar una ley relacionada al manejo de fitosanitarios”.Además, afirmó que “lo más importante es que esta ley viene a regular y a controlar una actividad que ya existe”, y explicó que a diferencia de la ley actual, “tiene la consideración de crear diferentes distancias y diferentes zonas. Tiene tres zonas, una zona de exclusión donde está prohibido el uso de fitosanitarios, una zona de amortiguamiento donde se permite solamente la aplicación de productos clase 3 o clase 4, son productos banda verde, banda azul, productos que son clasificados por el SENASA”.
También fundamentó que “de poner en práctica la ley nos va a permitir hacer el monitoreo ambiental, capacitación, educación, divulgación sobre las buenas prácticas en fitosanitarios. Se va a poder dar el incentivo a la intensificación ecológica para zonas de exclusión y realizar investigaciones relacionadas con los fitosanitarios. La ley actual a esto no lo prevé”.
Finalmente, el legislador concluyó que “la aprobación o no, lo único que haría es que el uso de los fitosanitarios siga avanzando sin ningún tipo de control. Estamos poniendo luz sobre el uso de productos que, si aprueban este proyecto, se van a seguir usando porque cuentan con la aprobación del SENASA. Debemos confiar que este marco legal será la herramienta que asegure el equilibrio entre la salud de las personas, la continuidad de nuestras actividades agrícolas y la protección del ambiente”.
Por su parte, el senador Hernán Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos), en su rol de presidente de la Comisión de Salud, destacó el trabajo que se realizó con las tres Comisiones de Ambiente y Producción “en el cual hicieron un minucioso y detallado agregado de cómo fue el trabajo hecho”. Además, remarcó que: “Esta ley procura cuidar la salud, el ambiente y la producción agropecuaria, en un equilibrio que asegura la calidad de los alimentos”, y agregó que “tenemos casos agudos de enfermedades, pero del seguimiento y su potencial cronicidad, no hay registros. Hay instituciones que han trabajado mucho y muy bien, pero faltan aceitar otras cosas. Los productores tienen cada uno su trazabilidad desde el momento en que es adquirido, desde que se compra, desde que se realiza la indicación, quién lo transporta, quién lo carga, quién lo aplica, y hasta cuándo y cómo debe ser descartado el recipiente hasta su disposición final. Las herramientas están. Sus formas varias de cómo tener que ser manipulado y aplicado con los diferentes métodos de protección, todo esto está. Si esto falla es porque no se cumple el protocolo”.
La senadora Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) afirmó que “hemos agotado todas las instancias para llegar a votar esta ley que es tan importante para toda la provincia y para las medianas y pequeñas agrícolas. Y hemos invitado y agotado todas las instancias con distintos invitados especializados en la materia, tanto médicos como ingenieros agrónomos, para tener una buena práctica en la adopción de los fitosanitarios. Así que estoy muy conforme y agradezco a los integrantes del resto de los bloques que hayan acompañado y hayan aprobado esta ley tan importante”.
Prorroga de leyes de Emergencia
En la sesión aprobó la prórroga de las leyes provinciales N° 11.138 y 11.144 hasta el 31 de diciembre de 2025. Se trata de la ley de Emergencia Pública Económica y Financiera en materia de Obras y Servicios Públicos, y la ley de Emergencia de la Estructura Vial.Sanción del Marco Regulatorio del Colegio de Obstetricia
Los senadores aprobaron la derogación de la ley N° 7.897 y se estableció el marco regulatorio del Colegio de Licenciadas y Licenciados en Obstetricia de Entre Ríos.El senador Rubén Méndez explicó que surge “dado a los avances científicos, médicos y el alcance establecido en el título de los institutos universitarios de los licenciados y licenciadas en Obstetricia, era muy importante hacer estas modificaciones”, y agregó que: “Esta norma viene a modificar una ley con más de 37 años para los que los licenciados y licenciadas en obstetricia puedan ejercer con su profesión en un marco de una ley, pero sobre todo viene a reconocer y jerarquizar el trabajo que ella hace en nuestro sistema sanitario”. En ese sentido, destacó que “se trabajó en comisión con la Presidenta del Colegio de Obstetras, Ministerio de Salud, a través de ginecólogos””.
Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), expresó que “hace más de 12 años que esto se está trabajando, hubo mucha gente involucrada. Este proyecto fue aprobado en el 2020 por unanimidad, salió de esta Cámara. Este año perdía el estado parlamentario. Fue frenado, lamentablemente, en diputados por una cuestión de ego profesional de quienes estaban en ese momento en la Comisión de Salud”. También agradeció “al diputado Gallay, que fue quien está hoy presidiendo la Comisión de Salud de Diputados, que entendió, que se pusieron a trabajar y que pudimos hacer las modificaciones que se consideraron necesarias”, “al gobernador que intervino en su momento cuando le plantee esta situación”, “y sobre todo agradecerle a las obstetras, porque fueron las que trabajaron”. Y mencionó que “la ley cumplió en el mes de marzo 37 años. A lo largo de estos años, todo en lo que fue la parte de salud ha cambiado, pero ellas han seguido haciendo su trabajo”.
Ley de Programa de Apoyo a Emprendedores de la Programación y Robótica
Entre los temas abordados se aprobó el proyecto de ley que crea el “Programa de Apoyo a Emprendedores de la Programación y Robótica” que pasa a la Cámara de Diputados. El mismo es de autoría del senador Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos – Villaguay), y tiene como objetivo brindar asistencia financiera y capacitar a emprendedores que pretendan dar inicio a un proyecto vinculado a la programación y robótica, o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente.Al respecto, el senador Juan Pablo Cosso fundamentó que: “este proyecto surge como una necesidad para la provincia ante lo que tiene que ver, sobre todo, los recortes nacionales, lo que son políticas de Ciencia y Tecnología, en crear por ley una política pública propia”. En esa línea, explicó que “la asistencia financiera busca generar Aportes No Reintegrables y también, por otro lado, se busca capacitar dando inicio a proyectos nuevos o potenciar aquellos proyectos que se estén generando. A lo que tiene que ver al articulado buscamos como autoridad de aplicación, por un lado, al Ministerio de Desarrollo Económico y por otro lado, complementariamente al Consejo General de Educación, ya que los destinatarios finales del proyecto son los alumnos graduados de aquellas escuelas que tengan orientación en programación y robótica, que de hecho el CGE, en la resolución 730 del 2023, fijó todos los lineamientos para todo lo que tenga que ver para las escuelas secundarias con orientación”.
El senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), apoyó la iniciativa del senador Cosso, y destacó que “está en línea clara con la política de nuestro Gobierno, de nuestro Gobernador. Concretamente, hace poco, el CGE hizo entrega de kits de robótica a la Red de Escuelas que Transforman, dentro del programa que se llama ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos”. Y agregó que “En este recinto, también votamos una ley que tiene muchos puntos en contacto con la ley de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
Ley que regula actividades vinculadas a los metales no ferrosos
Por otro lado, el cuerpo aprobó la ley que regula la actividad de personas humanas y jurídicas vinculadas a los metales no ferrosos y continuará su tratamiento en Diputados. Es de autoría del senador Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos – Gualeguaychú) y tiene por objetivo la regulación de dichas actividades para disminuir los actos delictivos relacionados con ellas, como el robo de cables para la obtención de cobre, el hurto de placas de cementerio por el valor del bronce, y otros delitos que incluyen el robo de medidores de agua, los cuales son desarmados y vendidos como materias primas.Al respecto, el senador Benedetti, fundamentó que “en Gualeguaychú se dictó una ordenanza que pretendía, a iniciativa del Consejo Deliberante y también la Departamental de Policía, contar con herramientas que ya se daban en el resto del país para que quienes comercialicen este tipo de productos lleven un registro que le permita, le dé una herramienta a la Policía precisamente, para que se pueda hacer lo que se llama la trazabilidad de los productos que están en venta, es decir, si alguien proveyó a un comercio de cobre, ese comercio tenga un registro que la Policía pueda verificar de dónde proviene, que lo conserve ese registro y que se establezcan también sanciones claramente para el caso de que no lo lleven”, y afirmó que “la ley regula estas actividades que incluyen no solo la comercialización sino también el acopio, la fundición, el transporte”.
