El legislador aseveró, además, que “esta reforma es una consecuencia natural del tiempo y la necesidad de que las instituciones se adapten a las nuevas demandas de la sociedad”. Y añadió: “Entre los cambios de este proyecto de ley, quiero destacar el ingreso de la UNER y la UADER, las que demostraron el compromiso con la Provincia”.
Al finalizar su alocución, tras detallar los puntos centrales de la iniciativa, el senador sostuvo que esta reforma “es un claro paso hacia adelante, un salto de calidad”, remarcó Gay.
A su turno, el senador Rubén Dal Molín (Federación- Cambiemos) expresó: “La unanimidad es la síntesis de la voluntad de nuestro espacio de acompañar todas las políticas públicas que consideramos como cuestión de Estado. Por su tratamiento, esta iniciativa no tendrá nuestro criterio de legitimidad que se alcanza con la satisfacción de actores involucrados”.
Seguidamente, el senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos) manifestó: “Es un proyecto que merecería una discusión en Comisión, no tuvo la oportunidad como la tuvo la Cámara de Diputados. Me hubiese gustado escuchar qué piensan las universidades, las ONG, los sindicatos, la asociación de magistrados, el colegio de abogados. Nuestra legislatura es bicameral y los senadores tenemos derechos a escuchar a los actores y sacar nuestras conclusiones”.
Por su parte, el senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista) como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos expresó: “Escuché a los colegas preopinantes y hay coincidencias y disidencias. Este Consejo funciona como un ejemplo para el resto de las provincias, pero las leyes no son estáticas y se tienen que adecuar a los tiempos. Estoy convencido que esta ley viene a mejorar su funcionamiento. Coincido que prefiero las leyes por unanimidad, pero a veces en la democracia no se puede coincidir en todo”, subrayó.
Luego, pidió la palabra el senador Adriáan Fuertes (Villaguay- Frente Justicialista). Dijo coincidir con “algunos aspectos” de los senadores que hicieron uso de la palabra sobre el rol que tuvo el Senado en el tratamiento. Sin embargo, opinó: “Quiero señalar que en el ámbito nacional, la máxima instancia judicial como el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, puesto por decreto, es en paralelo el presidente del Consejo de la Magistratura. Quiero decir, no se puede cuestionar esto si no se cuestiona lo otro, porque si no estamos haciendo una visualización claramente política de lo que es el Consejo de la Magistratura”, resaltó el legislador. Y agregó: “Estas leyes son jurídicas y son políticas”.