En ese marco, el gremio de trabajadores de la Justicia provincial declaró su “firme apoyo a la iniciativa de las tres centrales obreras (CTA-T, CTA-A y CGT) de presentar el miércoles 27 de diciembre una acción de amparo por inconstitucionalidad y una medida cautelar contra el DNU para suspender su aplicación, acompañada de una movilización de los gremios que las integran a los tribunales federales de la Capital Federal”.
Advirtió que el DNU “interviene no sólo sobre temas vedados a este instrumento excepcional como son la modificación del Código Aduanero y de la Ley Penal Tributaria, sino que también deroga de hecho los principales derechos laborales consagrados por una legislación conquistada por los trabajadores en décadas de luchas, al limitar casi por completo el derecho a las asambleas y al paro, al derogar la ultractividad de los CCT, o las indemnizaciones por despido”.
“Asimismo deroga la ley de alquileres dejando a los inquilinos sin protección frente a la arbitrariedad del sector inmobiliario que incluso podrá cobrar los alquileres en dólares”, señaló y apuntó que “deroga de un plumazo, sin necesidad ni urgencia, una cantidad enorme y variada de leyes que si se quiere modificar debe hacerse como manda la Constitución, a través del órgano legislativo”.
Por ello AJER consideró que “aceptar sin oposición este decreto es conceder al Poder Ejecutivo la suma del poder público, algo absolutamente antidemocrático que como trabajadores del Poder Judicial no podemos convalidar”.
Expuso que, en forma paralela, el presidente anunció “la reducción de las partidas presupuestarias a las provincias, la vuelta del impuesto a las ganancias sobre los sueldos de los trabajadores, la eliminación a los subsidios sobre los servicios de luz, gas y transporte, la eliminación de los límites de la tasa de interés de las tarjetas de crédito o el cobro de las cuentas sueldo”, que se suman a “la inflación de 1% diario” y al “protocolo de prohibición y represión a las movilizaciones”.
Todo esto “impone que la comisión directiva de AJER declare el Estado de Alerta en defensa de nuestros derechos”.
