En este sentido, Giano consideró que "los Consejos de la Magistratura deben ir evolucionando y mejorando sus procesos para poder seleccionar a las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios de los Ministerios Públicos. Tienen un funcionamiento muy dinámico ya que, para ir perfeccionando sus sistemas de selección, sus normas deben ir cambiando y adaptándose a los nuevos contextos sociales con el objetivo de solucionar fallas que, con el paso del tiempo, se han ido detectando. Por ello deben mejorarse continuamente sus funcionamientos, siempre para dotarlos de mayor transparencia y agilidad".
Luego de la sanción definitiva en la Cámara de Senadores -tras más de dos meses desde que el proyecto ingresó, tomó estado público y fue tratado-, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, aseguró que es una ley que “permite mejorar el proceso de selección y dota de más transparencia al organismo constitucional, corrigiendo debilidades surgidas en los casi veinte años de funcionamiento", y agregó que “todas las leyes y organismos constitucionales tienen que ser revisados, con el propósito de fortalecer y generar los cambios necesarios para optimizar el funcionamiento”.
“Esta ley no solo enriquece, transparenta e imprime celeridad al trámite de los concursos, sino que pone en pie de igualdad en todas las instancias a las y los concursantes”, destacó también el presidente de la Cámara Baja sobre la incorporación de la perspectiva de género en el nuevo texto ordenado.
El proyecto fue aprobado en la Legislatura entrerriana con modificaciones realizadas al texto inicial a partir del excelente trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Cosso, y los aportes, sugerencias y críticas generadas por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Judiciales (AJER), las universidades UNER, UADER y UCA Paraná, el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Vice gobernación.
En ese sentido, Giano detalló que quienes más sugerencias aportaron fueron la Asociación de la Magistratura -en tres oportunidades concurrió a la Cámara de Diputados su presidente para expresarse- y el Colegio de la Abogacía -en cuatro oportunidades lo hizo su presidente-. “De los treinta aportes realizados por esas instituciones, fueron incorporados a la ley veintidós”, dijo Giano. “Eso demuestra que nuestra forma de trabajar el proyecto fue absolutamente participativa y amplia, dando voz a cada una de las instituciones, escuchando sus sugerencias”.
La ley tiene como objetivo mejorar la integración de los estamentos contemplados en la Constitución y el proceso de selección de las mejores personas para integrar el Poder Judicial. En ese sentido, el presidente de la Cámara Baja dijo que "la reforma perfecciona el sistema, dándole más institucionalidad, representación y pertinencia a toda la Provincia”. A su vez destacó que “se garantiza la paridad de género y se otorga celeridad a los concursos públicos. A su vez se incorporan las universidades públicas con sede en Entre Ríos y se promueve la transparencia en la elección y participación de los representantes de las organizaciones sociales con personería jurídica o gremial, cuyo objeto social sea la defensa del sistema democrático y los derechos humanos y el sistema republicano de gobierno, porque eso es lo que exige la Constitución expresamente”.
Por otra parte, Giano reflexionó sobre los alcances de la nueva ley del Consejo de la Magistratura y aseguró que “Toda institución de la democracia y plasmada en la Constitución Provincial debe ser revisada, retomando el concepto inicial de la participación ciudadana y diversa que es menester preservar, con el propósito de afianzar su fortaleza”. Y agregó: “Por ello, si en la práctica se advirtieron fallas y la necesidad de mejorar su funcionamiento, la nueva norma recoge las propuestas, aportes y experiencias para poder mejorarlo, en una muestra de maduración institucional y democrática, participativa y plural”.
Finalmente, el presidente de la Cámara Baja expresó que “sin dudas, la incorporación de miembros de reconocida trayectoria en el ámbito académico y científico pertenecientes a las Universidades con sede en Entre Ríos (UNER, UADER, UCA y UCU) y el perfeccionamiento de la elección de representantes de las organizaciones sociales, contribuirá a ese fortalecimiento, además del Banco de Casos público y las nuevas causales de recusación y excusación, evitarán procesos en los que se afecte el anonimato, la transparencia y la objetividad”. Y cerró: “También la intervención del Superior Tribunal de Justicia al establecerse la necesidad de requerirle informes, que aporten casos y jurados a los estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura y la celeridad en la solución de los conflictos que agilizará las discusiones administrativas y judiciales que planteen postulantes”.
