Una de estas investigaciones está a cargo de Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez, quien le requirió a la magistrada que pida la inhibitoria de la Justicia entrerriana. La otra está en la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, y la impulsa el fiscal provincial José Arias. Interviene el juez de garantías Edwin Leonardo Bastián, destinatario del oficio que salió ayer del despacho de Arroyo Salgado.
El expediente de Concordia se abrió a partir de una denuncia de un vecino de esa ciudad -Eliseo Blanco- presentada el 16 junio pasado, a partir de una publicación del sitio El Disenso que revelaba que el ex senador tenía tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad - Betail SA - que habría usado como pantalla para ocultar que era el dueño. La denuncia recayó en la Fiscalía a cargo de Martín Nuñez, pero pasó 40 días casi sin movimiento. Esto derivó en que el fiscal coordinador de Concordia la derivara a su colega Arias, quien tomó intervención y abrió formalmente la investigación el 30 de julio.
Justicia Federal
En tanto, en la Justicia Federal, la causa por enriquecimiento ilícito se inició el 2 de julio último, a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a esa misma publicación y otra nota del sitio elentrerios.com, que se hacía eco de esos departamentos en el edificio Live en Santiago del Estero 511 que había comprado Kueider en 2021, ya siendo senador nacional.La propiedad de los tres departamentos y las dos cocheras salió a la luz porque, como titular de las expensas, figuraba hasta mayo pasado, Betail SA, la empresa a la que había entrado como accionista Kueider en diciembre de 2019. Llamativamente, en junio las unidades aparecieron a nombre de Iara Guinsel Costa, la acompañante de Kueider cuando fue detenido en Ciudad del Este, con USD 200.000 al ingresar a Paraguay desde Brasil. En ese momento, la joven - con quien el ex legislador mantendría una relación afectiva - estaba designada en el despacho del entonces senador con la categoría más alta y un sueldo de $1,9 millones.
La denuncia original pedía que, además del enriquecimiento, se investiguen otros posibles delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes del funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos. Incluía por este último delito y el de asociación ilícita a Betail SA y a los otros dos socios de Kueider en esa firma, Javier Rubel y Rodolfo Daniel González; a la otra empresa de Kueider, Edekom SA, creada en diciembre de 2022 en sociedad con su hijo Haidar Iva?n; y a Guinsel Costa. Ambas firmas declararon domicilios falsos en la Ciudad de Buenos Aires, como reveló Infobae. Tanto Guinsel Costa, González y Rubel hoy están sospechados de haber actuado como testaferros de Kueider.
La causa de enriquecimiento está vinculada a otra anterior -originada en 2020- que tramita en el mismo Juzgado de Arroyo Salgado en la que se investiga el pago de coimas por parte de la firma Securitas Argentina a distintos organismos públicos nacionales y provinciales de distintas jurisdicciones del país.
Entre ellos, la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA. Los pagos ilegales tuvieron lugar entre principios de 2017 y abril de 2019 y estaban destinado a mantener los contratos de seguridad. Ese período coincide, parcialmente, con la época en que Kuieder fue secretario general de Gobierno de la gestión del peronista Gustavo Bordet, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.
El expediente de Securitas se abrió por una autodenuncia de la misma empresa, luego de una auditoría interna, y recayó en jurisdicción de San Isidro porque la casa central de la firma de vigilancia y seguridad privada está en la localidad bonaerense de Munro. A pedido del fiscal Domínguez, la jueza dispuso la conexidad de ambas causas - la de Securitas y la de enriquecimiento - el 8 de octubre pasado, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín.
La doctrina vigente prohíbe investigar a una persona por una misma conducta en dos expedientes que tramiten en su contra en forma simultánea, lo que exige definir qué Juzgado y qué fuero tiene la competencia para llevar adelante la investigación. En este caso, en ambas causas coinciden el principal acusado y el resto de los investigados (Guinsel Costa, González, Rubel y las dos empresas de Kueider), y uno de los delitos que se le imputa al ex senador, el de enriquecimiento ilícito.
Los argumentos de Arroyo Salgado
Entre los argumentos de la jueza para solicitar la inhibitoria de la Justicia de Concordia figuran que “los hechos investigados se engarzan en una aceitada matriz de corrupción de mayor envergadura”, en referencia a la causa Securitas, y que su Juzgado interviene en ese expediente desde 2020, mucho antes que la causa abierta en Concordia, y que investiga delitos de mayor gravedad.Para Arroyo Salgado, mientras que la Justicia de Concordia está focalizada sólo en el enriquecimiento ilícito de Kueider, en su Juzgado se están investigando hechos previos que explicarían el aumento patrimonial del ex senador, o sea, el delito precedente al posible lavado de dinero por parte de Kueider y su entorno, que se habría consumado con la compra de propiedades o inversiones en Paraguay. En ese caso, la existencia del delito de lavado implicaría que es competencia federal.
Arroyo Salgado recuerda, además, que la causa “madre” de Securitas se encuentra en un estadio procesal más avanzado, ya que se dictaron 17 procesamientos, de los cuales 11 fueron confirmados por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Entre ellos, figuran directivos de la empresa de seguridad; los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, a cargo de la Regional Litoral de Securitas y acusados de haber pagados coimas a funcionarios de la ENERSA, y un ex gerente de Logística de la empresa provincial, Alejandro Javier Cis.
La jueza menciona, además, que en su causa se recopilaron elementos de prueba en los allanamientos recientemente realizados en los domicilios particulares de los principales investigados, por Kueider y Guinsel Costa.
También hace referencia a que en su Juzgado se investiga a funcionarios y empleados del Poder Legislativo nacional (Guinsel Costa estuvo nombrada en el despacho de Kueider entre febrero y agosto de este año, y González es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004), y son de competencia de la justicia federal “todos aquellos casos en los que no pueda descartarse un obstáculo al normal funcionamiento de instituciones o que se haya corrompido la prestación de servicios nacionales”.
La magistrada mencionó, asimismo, que el Código Procesal Penal de la Nación dispone, en su artículo 18, que corresponde a la competencia federal, “los delitos perpetrados en el extranjero cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o fueren ejecutados por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo”.
En este sentido, Arroyo Salgado recordó que el jueves pasado exhortó a la autoridad judicial de Paraguay a “proceder a la identificación, detección y el embargo preventivo o la incautación con miras a un eventual decomiso sobre todos los bienes inmuebles, muebles y productos financieros” que registren Kueider y Guinsel Costa, así como toda participación que posean en sociedades a su nombre en ese país. Sumado a esto, dispuso ordenar la inmediata detención de ambos y su captura nacional e internacional. Como reveló ayer Infobae, la magistrada ya envió a Cancillería el exhorto para pedir la extradición de ambos al país.
Para la jueza, “la unificación de los procesos en un solo tribunal aparece como aconsejable, si se tiene en cuenta que así se logrará una mejor y más pronta administración de justicia, sumado a la circunstancia de que implicará también evitar un dispendio jurisdiccional innecesario”. En ese sentido, mencionó que “tanto funcionarios de la Gendarmería Nacional Argentina, como así también otros designados al efecto por el Magistrado de Concordia, se encuentran investigando los mismos hechos, lo que importa un innecesario dispendio de recursos humanos para esas fuerzas e incluso una posible colisión y/o entorpecimiento en la labor de cada una”.
Y agregó en el oficio que envió a su colega Bastián: “La acumulación de los expedientes ante un mismo Juez, permitirá que este cuente con la totalidad de los elementos incorporados en cada una de las investigaciones, pudiendo de tal modo proveer lo necesario en el sentido de determinar fehacientemente la concurrencia de los hechos pesquisados y, eventualmente la responsabilidad de los autores y la calificación final que en definitiva podría caberles en esta etapa instructoria”.
“Demás está señalar que de no procederse favorablemente a la petición de inhibitoria que aquí habré de resolver, a futuro podría traer aparejado el riesgo de arribar a decisiones jurisdiccionales contradictorias”, concluyó.
La disputa por la competencia provincial
Fuentes de la Fiscalía de Concordia a cargo de Arias advirtieron que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que viene llevando adelante la Justicia provincial comprende el período 1999-2019, en el que Kueider ocupó cargos en el Municipio de Concordia y la Gobernación de Entre Ríos. Y recordaron que el artículo 268 del Código Penal menciona que ese delito puede imputarse a la persona en el ejercicio de la función, que no pueda justificar “la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.En ese sentido, mencionaron que Kueider asumió como senador el 10 de diciembre de 2019, y seis días después entró como accionista de Betail SA, cuando aún no había cobrado su primer sueldo como senador. Y recordaron que, a través de esta empresa, compró los departamentos en agosto de 2021, cuando aún no se habían cumplido dos años desde que dejó su cargo de secretario general de la Gobernación de Entre Ríos.
A su vez, argumentaron que el pago de coimas que podrían ser el origen de su aumento patrimonial fueron a ENERSA, una empresa provincial, mientras él ocupaba ese cargo en el gobierno de Bordet.
Qué puede pasar
El pedido de inhibición enviado por Arroyo Sagrado al Juzgado de Concordia, será girado por el juez Bastián al fiscal Arias, que deberá dictaminar. Si éste se opone a enviarle el expediente a la Justicia Federal - como todo indica que sucederá -, el magistrado provincial deberá resolver.Si lo hace a favor de la postura de Arroyo Salgado, Arias podrá apelar ante la Cámara de Casación de Concordia. Si el juez Bastián se opone al pedido de la magistrada federal, podrá solicitarle que revea su postura y, en ese caso, deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, superior común de ambos juzgados.
