La novedad ha desatado diversas reacciones. Entre ellas, un pedido de informes de la bancada oficialista en el Concejo Deliberante, en el que exigen saber cómo pudieron filtrarse a la prensa datos privados en poder de un organismo municipal.
El predio en conflicto tiene casi 5000 metros cuadrados y está emplazado en la zona norte de Concordia, cuyo valor de mercado –dice el informe- ascendería a unos 700 mil dólares. Fue incorporado al patrimonio municipal por el INVyTAM (Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal) por medio del trámite de “Dominio Eminente”. Pero, en enero de 2024, el inversor inmobiliario Pablo Benjamín Gadea apareció presentando una escritura de cesión de la posesión del inmueble, por la que le pagó 36 millones de pesos a una señora que tiene dos juicios de adquisición de dominio por usucapión perdidos en los tribunales de Concordia -en 2007 y 2014-, el primero de ellos confirmado en 2010 por la Sala II en lo Civil y Comercial, porque no pudo demostrar la titularidad del inmueble.
Aunque fracasó en tres instancias judiciales al intentar demostrarlo, la mujer insiste en decir que es dueña de los terrenos emplazados en una zona exclusiva de la ciudad, delimitada al norte por calle Madre de Calasanz (una calle sin abrir), al este por calle La Rioja, al sur por calle José Arévalo y al oeste por Hipólito Yrigoyen (también una arteria sin abrir en ese tramo de la ciudad). Una ex zona de huertas, quintas y humedales, “hoy habitada por dúplex, chalets, casonas y palacetes al mejor estilo la serie Dallas o Dinastía de los años ‘80”, describe Odorisio.
Se trata de casi una manzana completa, cercana a la Avenida Eva Perón, al hipermercado Carrefour y a las agencias de autos oficiales de las marcas Chevrolet y Fiat, y hacia el lado contrario, para el río, con el Regimiento y la escuela privada “La Jirafa Azul”, entre los puntos de referencia más reconocibles.
La señora planteó en los dos juicios que en 1961 habría comprado las fracciones de los terrenos que pretende usucapir por boleto privado de compraventa -extraviado- a la sucesión de Manuel Salgueiro, otorgándole desde entonces la posesión del inmueble. Lo cierto es que ante la Justicia, en dos juicios diferentes y ante dos jueces distintos del fuero Civil y Comercial de la ciudad, no pudo acreditar la posesión del inmueble.
Aunque le fue mal en los tribunales, la mujer presentó en septiembre de 2023, a través de su arquitecto Pablo Benjamín Gadea, una solicitud de Permiso de Uso de Suelo (Nº1600) para la construcción de un galpón multiuso de 295.55 m2, en el inmueble de Hipólito Yrigoyen Nº 2425 “con el objetivo de hacer una inversión de uso incierto y atento a las limitaciones que marca la Ley Provincial Nº 9393 referido a la habilitación de grandes superficies comerciales y las restricciones referidas a la zonificación U/R5”.
A pesar de que esa zona de la ciudad está destinada –según el Código Urbano- a la actividad residencial y a locales comerciales, servicios varios y depósitos que no superen los 30m2 de superficie, el 5 de diciembre de 2023, el departamento de Obras Privadas de Desarrollo Urbano convalidó la propuesta del inversor Gadea, que había sido inicialmente presentada a mediados de septiembre de 2023, haciendo mención a un reporte de Catastro.
Lo increíble del caso es que Obras Privadas no se dio por enterado –quizá porque Catastro no lo informó- que la mismísima Municipalidad de Concordia, a mediados de 2023, había escriturado como propio el terreno. O sea, la misma municipalidad le dio permiso a un privado para “usar” un suelo que fue escriturado como público.
Ese permiso de “Uso de Suelo” no implicaba la autorización para el inicio de la obra, porque faltaba el visado definitivo, que fue pedido mediante nota personal al intendente Francisco Azcué el 13 de diciembre de 2023. El por entonces flamante presidente municipal lo otorgó el 15 de diciembre, 48 horas después.
Ahí no termina el pasamanos. El 6 de diciembre de 2023, una semana antes de la segunda nota dirigida al intendente Azcué, el inversor inmobiliario Pablo Benjamín Gadea informó que le compró a la mujer -quien a pesar de los tres fallos en contra de la Justicia se seguía declarando poseedora desde el año 1961 del inmueble en cuestión-, los derechos y acciones posesorios, además de todos los derechos litigiosos sobre esta parcela que –vale reiterar- ya la Municipalidad escrituró a su nombre en Junio de 2023.
La señora cerró el trato con el arquitecto por un valor de 36.700.000 pesos, a pagar en dos cuotas consecutivas e iguales de 18.350.000 pesos cada una. Es decir, un monto de unas 15 veces menor al valor de mercado que tiene el terreno en disputa.
La disputa escaló en enero de este año –cuenta el informe de Odorisio- cuando el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal realizó acciones y elevó quejas para que el desarrollador inmobiliario y arquitecto Pablo Benjamín Gadea frene el avance de obras en esta parcela de más de 4860.69 Mts2, ubicada en una zona de las más caras de Concordia, valuada entre 600 y 700 mil dólares, según distintas fuentes inmobiliarias consultadas”.
El terreno ocupado por Gadea es parte de una superficie mucho mayor, 14999.12 Mts2, las Manzanas 36 y 37 Norte y 02 Este, que equivale a un tercio de la superficie total propiedad del INVyTAM. Y está comprendido en la manzana 36.
El INVyTAM se hizo del terreno por trámite de Dominio Eminente el 21 de julio del año 2023, luego de conseguir certificados de Provincia, Municipio y Registro de Propiedad y asegurarse que no tenía propietarios. Se hizo la mensura, se inscribió en Catastro de la provincia a nombre del municipio y finalmente se hizo la escritura.
Ante el avance de obras, como un muro medianero, y trabajos de limpieza de parte del desarrollador inmobiliario Pablo Benjamín Gadea, desde el INVyTAM se encendieron las alarmas y se pidió la urgente intervención a la subsecretaría de Obras Públicas, de la subsecretaría de Legal y Técnica y la secretaría de Gobierno.
A todo esto, el 15 de enero, el flamante comprador de los “derechos litigiosos” Gadea, por medio de otra nota al intendente Azcué, pidió cambiar el tipo de obra, desistir de construir el Galpón de Usos Múltiples que sí había sido habilitado en su momento para construir ahora una “vivienda unifamiliar para uso propio y de mi familia”, explicó.
Ante los insistentes reclamos del INVyTAM -y lo dictaminado por la Subsecretaría de Gobierno- para “que se arbitren los medios necesarios para notificar a la señora y al arquietecto a fin de que cesen en forma inmediata en cualquiera acto que implique disposición y/o actividad alguna que importe el cambio de destino de los lotes de titularidad del INVyTAM, bajo apercibimiento de realizar las denuncias penales que correspondan”, finalmente el 16 de enero, desde el Departamento de Obras Privadas se notificó a la mujer y al inversor para que detengan la obra de calle H. Yrigoyen Nº2425 entre Madre de Calasanz y José Arévalo.
El informe del periodista Federico Odorisio cita fuentes extraoficiales del municipio para aseverar que el desarrollador inmobiliario no se estaría dando por vencido, presuntamente beneficiado por la renuncia de Osvaldo Pérez Hatoum a la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuya postura no habría sido favorable a los intereses de Gadea.
La reacción de la bancada oficialista en el Concejo Deliberante
Con fecha 26 de Abril, la bancada de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante redactó un pedido de informes en procura de explicaciones sobre la actuación municipal, especialmente de la gestión anterior.
En principio, el texto de los concejales cuestiona el uso de la figura jurídica del “Dominio Eminente” por parte de la gestión de Enrique Cresto para apropiarse del bien y sugiere que debió apelarse a la de “Bienes del dominio privado del Estado”.
El pedido centra luego la cuestión en la escrituración de un terreno a nombre del municipio, siendo que contiene una construcción particular de vieja data. “De las constancias referidas previamente –dice el pedido de informes- se colige que la Municipalidad de Concordia habría escriturado como propio un bien que prima facie estaría ocupado por construcciones particulares que datarían de cierto tiempo indeterminado, a cuyo fin nos remitimos a las fotografías que ilustran la nota de referencia. Esto nos interpela como integrantes del Honorable Concejo Deliberante a requerir al Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM) que informe respecto a las circunstancias que giran en torno a dicha escritura”.
Hunden más el cuchillo al pedir “copia del expediente administrativo en el que se tuvo por suficientemente acreditado que, al momento de su escrituración, el bien efectivamente carecía de dueño. De igual modo, es menester poder verificar si existe o no referencia a la existencia de las construcciones aludidas precedentemente, tanto en el plano de mensura como en el texto de la escritura, cuyas copias también habrán de solicitarse en el presente pedido de informes”.
Pero el pedido de informes avanza luego en otra dirección, intentado dar con las “fuentes” que sirvieron al periodismo para hacerse de la información publicada, en nombre de la protección de datos privados. Es por ello que solicitan “al Departamento Ejecutivo que, por intermedio del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVyTAM), informe si se han iniciado actuaciones administrativas y/o sumario alguno tendiente a dilucidar las circunstancias en que se fue ventilada la información aludida a través de la prensa, a fin de deslindar eventuales responsabilidades y/o la posible comisión de ilícitos”.
