Por un lado, la propia presidente del Superior Tribunal de Justicia, la jueza Susana Medina, emitió un comunicado en pleno domingo, ordenando “una información sumaria para establecer forma y circunstancias en que ocurrió la muerte de Martínez”, tras lo ocurrido en dependencias de los Tribunales de Concordia. Si bien desde el máximo órgano de justicia de la provincia se había señalado a este medio que no habría otras declaraciones al respecto, por estar en trámite una información sumaria, la propia jueza Susana Medina brindó este lunes una entrevista a un medio de Paraná para hablar sobre el hecho ocurrido en Concordia. En esa entrevista dijo estar “triste y preocupada por la muerte de una mujer, otra más, cuando iba a reclamar por sus derechos”. También hizo una reseña de los hechos, apuntando que todo se dio “cuando la mujer está esperando en dependencias de la Fiscalía, que está dentro del edificio de Tribunales, pero en la Fiscalía”, deslizando que “este es otro tema, el tema del inmueble”, donde trabaja el Ministerio Público Fiscal. Tras eso dijo que “al parecer la mujer no era atendida, estaba esperando, estaba ansiosa, estaba angustiada, como está la gente que va a Tribunales”, y que tras eso “al parecer como no la atendieron, la mujer se fue al baño, aparentemente se roció con alcohol, vino a la Fiscalía nuevamente y se prendió fuego”.
La respuesta desde Fiscalía
Con el paso de la horas, se conoció que esta mujer había charlado en un par de oportunidades con el fiscal Jesús Penayo Amaya, quien en el mediodía de este lunes dialogó con Diario Río Uruguay, apuntando que se trata de “un hecho lamentable”, pero remarcó que “es importante decir que no hubo una demora, ni una mala atención, sino que todo lo contrario siempre se la atendió”, incluso para orientarla que no era en “la parte Penal donde debía canalizarse su reclamo”, con el cual pretendía recuperar una vivienda “que ella consideraba que le correspondía por herencia” y el cual habría sido cedido a una familiar, a través de un acuerdo del cual luego se arrepintió.
A ello sumó que ese fatídico miércoles, el día en que volvió para plantear su reclamo, “yo me había retirado unos minutos antes de ese mediodía, por un tema de salud de mi hija, que se había quebrado y la tuvieron que operar”.
La causa
Penayo Amaya ratificó que, “concretamente, lo que ella planteaba era un problema con un inmueble que pretendía ocupar y actualmente estaba usándolo otro familiar”, entonces, desde un primer momento “se le explicó que eso es un trámite civil, no penal, ya que no había un delito” concreto, sino un conflicto familiar por un bien “y todo lo que son trámites sucesorios, declaración de herederos y demás, se hace a través de un trámite Civil, no Penal”, reiteró Penayo Amaya.Pero además de la explicación, el fiscal señaló que “incluso se le había ofertado asesoría gratuita de abogados para poder dirimir este trámite donde correspondía”, aclarando que “no es una cuestión de voluntad nuestra”, sino que estaba por fuera “del marco de nuestras facultades”.
Para finalizar, el fiscal dijo que, antes de emitir valoraciones sobre el triste hecho, es “muy importante que se informen cómo fueron y cómo, en verdad se dieron los hechos en esta lamentable situación”.
