La iniciativa parte de la “construcción avanzada” de un horno crematorio en una zona intensamente poblada de la localidad. No obstante, indicaron que el recurso “todavía no tiene resolución”, pero parte de la “honda preocupación” de la comunidad.
Al respecto, desde la comunidad consideraron que “la situación es grave porque las emanaciones de este tipo de chimeneas son muy tóxicas, por productos tales como: dioxinas, cloruro de hidrógeno, mercurio, cadmio, plomo, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, material particulado de distintos diámetros”.
Además, indicaron que “no se ha hecho ningún tipo de estudio serio en el lugar, porque la Secretaría de Ambiente todavía no lo llevó a cabo y la construcción se inició a pesar de no contar con el certificado de aptitud ambiental que establece el decreto 4977/09 y prohíbe este tipo de emprendimiento sin ese permiso”, que “la municipalidad autorizó también”.
Según sus palabras, la construcción “se ha iniciado como si fuera una obra común, pero sin esperar el certificado propio”. A su vez, recordaron que “Asueta en su momento declaró que le parecía incorrecto este proceder de la intendencia”, ya que “la ley también impone, como requisito previo, la participación ciudadana mediante audiencias para que se pueda tomar conocimiento de los estudios que se llevan hechos y poder expedirse dando su opinión, cosa que tampoco se nos ha permitido y la ley prohíbe”.
No obstante, manifestaron que “lo más grave es que el propio municipio, a través de Giuliano Rossi, que es el secretario de UDAAPA, en su momento declaró públicamente que no había estudios completos y serios sobre el tema, como aquel se trataba de un emprendimiento de categoría tres que no podía estar en ese lugar. Pero en definitiva nada hizo. Más que nada, porque se escudan diciendo que no es problema suyo, sino de la provincia, cuando la ley de medio ambiente es de alcance nacional para todas las autoridades”.
Es debido a esto que “estamos a la espera entonces del Amparo ambiental que ya se inició y que tiene en su despacho el Dr. Pablo Garrera Allende”.
Por último, remarcaron que “queremos que haya un estudio serio y profundo sobre la cuestión y, mientras tanto, que se suspenda, que la justicia intervenga para que la salud de los pobladores no resulten luego con aparición de enfermedades graves que pueden llegar incluso al cáncer”.
