Vale destacar que el acuerdo fue presentado previo a la fecha estipulada por el juez federal para que el presidente de la institución -Lucio Benítez- y el miembro de comisión directiva y del COES local -Dr. Iván Gómez- presten declaración indagatoria en sede judicial, fijada para los primeros días de octubre.
En el escrito, las partes esgrimieron que "la propuesta es la solución que mejor se ajusta al presente caso ya que la pena en abstracto por el delito cometido (art. 205 del Código Penal) es de dos meses a dos años, y en consecuencia no se trata de los denominados delitos complejos y la eventual condena es de aplicación condicional".
En otro tramo del texto, destacaron "que la conclusión del conflicto penal favorece a todas las partes involucradas ya que permite que los recursos económicos y humanos, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal, se concentren en la investigación de causa penales graves" a la vez que señalaron que "de este modo, los imputados se ven beneficiados por poner fin a la persecución penal y, por último, se vería favorecida la sociedad en su conjunto ya que, al no existir en el presente una víctima determinada, y siendo el Ministerio Público Fiscal quien representa los intereses de la sociedad en la persecución penal, con la aceptación de la donación al Hospital Centenario de esta Ciudad, se permitirá la compra de suministros, medicamentos y demás elementos para hacer frente a la pandemia".
Asi mismo Viri señaló que "puesto que a la luz de la vinculación existente entre la reparación ofrecida con el riesgo que habría provocado el hecho cometido, y siendo que la propagación de la epidemia tiene incidencia directa sobre los recursos económicos del sistema de salud local, encuentro a ese destino para el dinero ofrecido como el más razonable. Y además de esa manera, se satisface el objetivo de brindar un servicio de justicia acorde con la significación de la infracción y comprometido con el medio local en que opera".
En ese marco el juez Viri resolvió homologar el acuerdo presentado por las partes, e imponerles -a quienes reconocieron con la mencionada solicitud haber cometido la violación del correspondiente decreto presidencial que estableció oportunamente las características del aislamiento social, preventivo y obligatorio que regía el pasado jueves 20 de agosto- la obligación de donar la suma de 72 mil pesos al Hospital Centenario.
En el mismo sentido dispuso que "la instrucción de la causa principal quede suspendida y a la espera del cumplimiento de la obligación mencionada, la que deberá llevarse a cabio en un plazo de 10 días".
La resolución del juez Viri integra un total de 85 acuerdos homologados en el fuero federal de Gualeguaychú por un total aproximado de 400 mil pesos, destinados a la Salud Pública local, desde el comienzo de la pandemia.
La reunión que violó el DNU
A fines de agosto, el sitio R2820 publicó información vinculada a la realización de una asamblea que definió -en una ajustada votación- la continuidad de Juane Villagra como director de la Comparsa Papelitos hasta el 2022. También se aprobó la creación de un Departamento de Género para una convivencia sin violencia, entre otros temas institucionales.
Pero a diferencia de la asamblea realizada el pasado 28 de julio -la cual correspondió al encuentro anual de la institución en el marco de la asunción de la flamante comisión directiva- la reunión del jueves 20 de agosto contó con la presencia de algunos miembros, pese a la prohibición de la realización de las reuniones sociales y familiares.
Las primeras versiones indicaron a este medio, que el número de participantes habría rondado las 20 personas. Consultadas fuentes oficiales que integran la directiva del club, desmintieron dicha cantidad de asistentes, a la vez que reconocieron que el encuentro existió: "Participamos 10 personas de manera presencial, con la distancia correspondiente, mientras que las personas de riesgo se conectaron de manera virtual. Tuvimos que hacerlo de esta manera porque se trata de un tema económico que urgía resolver para el club, pero la idea es no volver a juntarnos hasta que esto pase", explicó Lucio Benítez, presidente de la institución.
Coincidiendo con Benítez, Iván Gómez -miembro de la comisión directiva de Juventud Unida y médico integrante del COES- aseguró que: "La reunión existió, fue la mesa directiva a la cancha de básquet, eran menos de 10 y el resto se conectó por Zoom. Todos con distancia. Los mayores que tienen factores de riesgo, que son parte de la comisión y tenían que votar lo hicieron por Zoom, mientras que los jóvenes y los que no tienen riesgo y debían votar fueron".
A partir de los dichos de los directivos, la Fiscalía Federal inició la causa penal que concluyó con la homologación del acuerdo antes descripto, equivalente a un aporte de 4 mil pesos por imputado.
