“Valoramos la decisión de los y las diputados y diputadas de la Nación de dar tratamiento y aprobar esta norma tan necesaria en el contexto actual para la citricultura y las miles de personas que trabajan directa e indirectamente en ella”, sostuvo el mandatario al conocer la noticia.
Además resaltó que “desde el gobierno de Entre Ríos mantenemos un acompañamiento permanente a nuestros productores y a las economías regionales en particular, como la citricultura, porque estamos convencidos que son sectores estratégicos para el desarrollo económico, social y para la integración de nuestra provincia”.
En ese sentido, el mandatario entrerriano puso de relieve “el consenso logrado por esta iniciativa en el ámbito del Congreso” y agradeció el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los y las legisladores y legisladoras de todos los bloques, y en especial a los y las representantes de nuestra provincia”.
En la misiva enviada por el gobernador al presidente de la Cámara Bajada para promover el tratamiento del proyecto, señaló que “consideramos que se trata de una norma clave, no solo para el desarrollo de la citricultura en el contexto actual, sino también, y de manera especial, para el sector exportador que se desenvuelve dentro del terreno de la formalidad, dando trabajo a miles de personas de manera directa e indirecta, movilizando la economía regional y generando divisas en el intercambio de productos”.
Asimismo, señaló que “el escenario actual es muy complejo, tal vez peor que el que justificó la aprobación de la emergencia en 2019, no sólo por el contexto de la pandemia, sino también por cuestiones de índole climáticas que afectan la producción citrícola, reduciéndola en porcentajes, cierre de mercados (Europeo), o ralentización de los mismos por cuestiones de índole interno, suba de costos que impactan disminuyendo las superficies destinadas a la actividad, entre otras”.
La norma sancionada, que recibió 242 votos a favor y uno en contra, extiende el plazo, vencido en mayo pasado, de la Ley 27.507, que declaró la emergencia citrícola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, a las que ahora se agregaron Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.
