En la resolución Nº 24 del EPRE, fechada este jueves 13 de marzo, el interventor del organismo, Marcos Rodríguez Allende, dispone suspender “los plazos administrativos para el dictado de la resolución definitiva de la revisión tarifaria”.
Cabe recordar que la audiencia pública de revisión integral del servicio eléctrico provincial se realizó el pasado 5 de febrero en Villaguay. En aquella oportunidad ENERSA solicitó una suba del 19,8 por ciento de la tarifa, mientras que las cooperativas eléctricas reclamaron incrementos superiores al 120 por ciento.
El EPRE, en función de lo presentado y debatido en la audiencia pública, tenía un plazo de 30 días para emitir una resolución.
Lo que se suspendió este jueves fue justamente ese plazo administrativo que vencía por estos días, por lo que el Ente se tomará un tiempo más en determinar si aumentará el valor de la luz para los usuarios y, de ser así, en que porcentaje y forma.
La resolución señala que el EPRE “se encuentra en una etapa de análisis de las propuestas presentadas por las distribuidoras”.
“La cantidad, complejidad y diversidad de las presentaciones efectuadas por las partes”, en las que se propician “modificaciones no sólo en el cuadro tarifario, sino también en el régimen tarifario”, ha implicado la necesidad de instrumentar “un análisis específico, pedidos de aclaración y planteamiento de precisiones de política energética”.
A su vez, se destaca que “por otra parte este Ente se encuentra analizando junto al resto de las jurisdicciones provinciales y a la Secretaría de Energía de la Nación una metodología que podría tener un eventual impacto en la revisión tarifaria”.
Teniendo en cuenta esto, la resolución habla de una “imposibilidad material” para dictar una “resolución definitiva”, por lo que considera “conveniente” la “suspensión de los plazos administrativos hasta tanto se unifique el criterio que desde el Estado nacional se tome”.
Por ello, la Resolución Nº 24 determina en su artículo 1º “suspender a partir de la fecha (con fecha 13 de marzo) los plazos administrativos para el dictado de la resolución definitiva de la revisión tarifaria”.
Consultado por esta Agencia acerca de cuál es el plazo en el que el EPRE se podría expedir sobre la revisión tarifaria, Rodríguez Allende aclaró que “no se puede hablar de un plazo matemático”, pero adelantó: “Una vez definida la metodología a realizar con la Nación vamos a sacar la resolución”.
“Estimo que será en un plazo no mayor a 30 días”, precisó luego Marcos Rodríguez Allende.
Indicó que “se está avanzando en una tarifa única a nivel nacional” y explicó que “lo que pretende Nación es tener una política energética uniforme que los Estados provinciales no puedan desconocer”.
Tras informar que está participando de las reuniones a nivel nacional que se realizan con este fin, manifestó: “Vamos a acatar las decisiones que se tomen”.
Cuando esta Agencia le preguntó, el interventor del EPRE reconoció que “hay asimetrías” en cuanto al valor del precio de la electricidad en cada provincia.
Enseguida, diferenció a Entre Ríos de otras provincias en lo que respecta al “cumplimiento de todos los deberes en materia energética”. Y resaltó: “A diferencia de lo que sucede con las otras provincias de la Región Centro y Buenos Aires, Entre Ríos se ha caracterizado por ser mucho más prolija en la aplicación de los subsidios, ha pagado a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y ha cumplido con la calidad del servicio”.
“Esta provincia ha hecho todos los deberes en materia energética y ha pasado satisfactoriamente un período tan critico como ha sido este verano”, remarcó.
Equilibrio
Cuando se le preguntó sobre las reacciones que podrían tener las cooperativas eléctricas ante la demora de una definición sobre un eventual aumento de la tarifa, Rodríguez Allende sostuvo: “A las cooperativas el Estado provincial las está asistiendo en la medida de sus posibilidades”.
“Las cooperativas, al igual que Enersa, van a tener que hacer un esfuerzo en pos de la defensa de los usuarios”, expresó, y destacó la necesidad de lograr “un verdadero equilibrio entre los intereses de las distribuidoras y el de los usuarios”.
