La circular N° 10/20, dictada el viernes 28 por el Consejo de Educación, firmada por el titular del organismo, Martín Müller, y los vocales Griselda Di Lello, Exequiel Coronoffo y Humberto Javier José recordó "la plena vigencia de la resolución N° 442 CGE del 19 de julio de 1992 y la resolución N° 300 CGE del 27 de septiembre de 1997, que disponen que "el personal docente en cargos de conducción tendrá la responsabilidad como funcionario público de controlar y asegurar la apertura y cierre del establecimientos bajo su dirección". No sólo eso. También se le impone a los directivos la obligación de "asegurar con su presencia la prestación del servicio, ingreso y permanencia de los docentes, y del personal administrativa auxiliar que concurren a cumplir sus funciones. Y custodiar los bienes del Estado, tanto muebles como inmuebles y comunicar al superior jerárquico de todas las novedades que hacen al establecimiento".
"Ante el posible incumplimiento de los deberes propios al cargo de director/rector, el Consejo General de Educación, en uso de las facultades y potestades disciplinarias que posee (artículo 166° de la Ley de Educación Provincial N° 9.890), a través de las Direcciones Departamentales de Escuelas, aplicará al personal directivo la medida correctiva de llamado de atención, prevista expresamente en la normativa que regula la confección del concepto anual profesional", indica la circular.
La directiva de Educación es consecuencia directa de las huelgas aprobadas por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el viernes, en Federal: tres días de paro, lunes, martes y miércoles, y una adhesión al Paro Internacional de Mujeres del lunes 9. A los paros se sumó AMET.
La imposición a los directivos de informar los paros va de la mano de los descuentos de los días no trabajados, una decisión que hasta ahora el Gobierno no ha hecho pública, publica el sitio Entre Ríos Ahora.
Los descuentos por días de paro se apoyan en una serie de directivas.
La principal, la directiva Nº 30, emitida en 2007 por el exgobernador Jorge Busti, que dispuso que los servicios administrativos contable sólo abonen los días efectivamente trabajados por los agentes del Estado. Esa circular, la N° 30, impuso la determinación de "hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas" por parte de los agentes del Estado.
El viernes 22 de agosto de 2008, la administración del exgobernador Sergio Urribarri reflotó la vigencia de aquella circular, a través del decreto N° 4.940, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos.
El artículo 4° de ese decreto "ratificó" la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.
A esa disposición, le siguió el dictado de la resolución Nº 2.565, emitida por el Consejo de Educación en 2008, que creó el manual de funciones de los rectores y directivos de escuela, y les impuso como obligación, entre sus funciones, la de informar sobre ausencias por adhesión a las huelgas de parte de los docentes.
Luego, el 4 de agosto de 2016, aquella normativa se amplió con la publicación de la resolución Nº 2.566, también del CGE, que amplió el trabajo del personal directivo de las escuelas e incorporó un apartado en el que se incluyó entre "las funciones y responsabilidades del personal directivo", la tarea de "realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento mediante el Sistema de Administración de Gestión Educativa (Sage)".
