El fin es “contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover sus habilidades financieras, concientizar acerca de la importancia del ahorro, la planificación financiera y la correcta administración de los recursos; y brindar capacitación para el correcto uso de los servicios financieros digitales, fundamentalmente en pos de la prevención de ciberdelitos”.
También “proveer a los ciudadanos del conocimiento necesario en torno al crédito y la inversión y el funcionamiento del sistema financiero local; y contribuir a la cultura del emprendimiento y fomentar el valor del trabajo”.
La iniciativa dispone que el Consejo General de Educación arbitre “las acciones necesarias para que la Educación Financiera sea dictada en todos los niveles educativos” y planificará el dictado de cursos, la realización de charlas, la organización de jornadas de concientización y capacitación y la incorporación de programas de cursado obligatorio”.
A su vez, se crearán programas de capacitación para docentes en el área de educación financiera, asegurando la correcta transmisión de los contenidos y fomentando un enfoque crítico y responsable en el manejo de las finanzas personales.
El Consejo General de Educación coordinará la implementación de esta ley con entidades financieras, colaborando en la promoción y difusión de recursos didácticos y talleres prácticos que complementen la enseñanza teórica.
Contenidos
En el artículo 4 del proyecto, se da cuenta de los contenidos básicos que se deberán incluir en los programas de educación financiera:Nociones Básicas de Contabilidad:
Presupuesto
Contratos bancarios
Tarjetas de créditos
Fraudes financieros
Ciberincidentes y seguridad digital:
Comprobantes de Depósito
Criptomonedas
Instrumentos de Inversión.
“Necesidad impostergable”
Al respecto, el diputado Sarubi manifestó que “la alarmante proliferación de estafas y fraudes financieros y los consecuentes perjuicios patrimoniales que sufren a diario los ciudadanos víctimas de estos ilícitos, requiere de políticas idóneas que apunten a erradicar esta problemática desde su raíz. En un contexto económico complejo e imprevisible, muchas personas son proclives a aceptar propuestas engañosas bajo promesas de rendimientos desmesurados carentes de un respaldo real”.Debido a esto, consideró que “con el fin de fomentar una cultura de responsabilidad en la gestión de las finanzas personales y prevenir la comisión de fraudes financieros, proponemos la implementación de programas de educación financiera en todos los niveles del sistema educativo. Estos programas no solo ofrecerán un marco teórico, sino que también incluirán prácticas y ejemplos concretos que ayuden a los ciudadanos a tomar decisiones informadas y a protegerse contra engaños de esta índole”.
Entre otras cosas, apuntó que “la educación financiera es una necesidad impostergable a los fines de salvaguardar la seguridad y bienestar económicos de los entrerrianos y atenuar la situación de vulnerabilidad y desinformación en la que actualmente nos hallamos. Se enmarca en los términos del artículo 257 de la Constitución Provincial en cuanto dispone que la educación es el derecho humano fundamental de aprender durante toda la vida accediendo a los conocimientos y a la información necesaria en el ejercicio pleno de la ciudadanía, para una sociedad libre, igualitaria, democrática, justa, participativa y culturalmente diversa”.
Dicho esto, subrayó que “este proyecto de ley tiene como objeto dotar a la población de las herramientas y conocimientos necesarios para diferenciar entre inversiones de bajo riesgo o con riesgo moderado y aquellas que no representan una inversión, pudiendo ser estafas piramidales o fraudes, como lo son los esquemas Ponzi”.
Por último, consideró que “la educación financiera es un derecho y una herramienta fundamental para empoderar a las personas, promoviendo su capacidad para evaluar riesgos y oportunidades en el ámbito financiero”. (APFDigital)
