A su vez, se denunció formalmente “el incumplimiento del Artículo 6° de la Ley N° 9.624 de Convención Colectiva de Trabajo Docente, dado que el mismo obliga a las partes a negociar de buena fe”. Concretamente, en la presentación se recordó que estas organizaciones “concurrieron a la audiencia del 6 de marzo y se encontraron con la ausencia de propuesta por parte de la patronal, quedando la negociación irresuelta a partir de ese momento”, destacaron.
Plazos
El sector afirmó que no desconoce la actual emergencia sanitaria – producto de la pandemia – pero también recordó que “transcurrieron ya cuatro meses de aquella audiencia y seis meses desde el último incremento salarial, no habiendo la patronal presentado ninguna propuesta de recomposición en ese lapso y generando así una pérdida en materia salarial que impacta directamente sobre la capacidad de subsistencia de un porcentaje considerable de trabajadores docentes y sus familias”.Asimismo, se indicó que la ley que declara el «estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional» por un mínimo de un año, promovida por el Ejecutivo provincial y aprobada por ambas cámaras de la Legislatura la semana pasada, generará “al momento de su implementación una clara reducción salarial para un número importante de trabajadores del sector público, avanzando así en dirección contraria de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la realización de esfuerzos para alcanzar acuerdos por medio de las negociaciones colectivas”.
Del mismo modo, se señaló que la ley atenta también contra el “principio de buena fe al inhabilitar al Consejo General de Educación como paritario de la negociación colectiva”.
