Para Agmer, a través de la resolución del CGE, “el Ejecutivo Provincial reinstala un procedimiento pocas veces visto en la historia de las trabajadoras y trabajadores en las últimas décadas: la intimidación, apriete y castigo a quienes –legítimamente- llevan adelante el ejercicio pleno de una acción gremial resuelta, además, colectivamente”.
Destacaron que la medida gremial es, centralmente, “preventiva y de cuidado para docentes, estudiantes y sus familias; y que garantiza la tarea escolar trabajando desde la no presencialidad”.
Enseguida, subrayaron que “paradójicamente, este texto regresivo y vulneratorio de la Ley de Asociaciones Sindicales aparece en una jornada que registra una de las temperaturas más bajas del año hasta el día de hoy y con 1038 casos de contagio apuntados este miércoles”. “Puntería y precisión supina hay que tener para no errarle siquiera en el momento, con el sistema de salud que continúa en su momento más crítico, reconocido por el propio Ministerio de Salud de Entre Ríos y el conjunto del personal sanitario”, agregaron.
Según publicó El Entre Ríos, Agmer acudió a la Justicia para reprochar esa normativa que, afirma, contraría lo resuelto en el seno del Consejo Federal de Educación, organismo del cual Entre Ríos forma parte, y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Presidencia de la Nación. “Pedimos la derogación de la resolución 1.542, que claramente es una resolución que no tiene fundamento, además de ser extorsiva. Nos remonta a la época del exgobernador Sergio Montiel, que fue el último gobernador que en 1999 impuso lo de las inasistencias injustificadas”, dijo Marcelo Pagani, titular de Agmer.
El dirigente señaló que la medida autosatisfactiva “tiene dos cuestiones importantes Una es que el juez no está obligado a darle vista a la otra parte, y el juez debe fallar en un tiempo más perentorio que en un amparo. Esperamos el fallo esta semana o, a lo sumo, primeros días de la semana que viene”, sostuvo.
El juez Reviriego ya actuó en el conflicto docente en 2018, cuando acogió favorablemente un pedido de conciliación obligatoria del Gobierno y mantuvo una extensa negociación que se extendió durante tres meses hasta que por fin se firmó el armisticio.
Al planteo ante la Justicia Laboral se sumó el otro gremio con representación paritaria, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), según confirmó su titular, Andrés Besel.
