Agrandar imagen Podrá aplicarse en todos los delitos con penas de más de 20 años de prisión.
Podrá aplicarse en todos los delitos con penas de más de 20 años de prisión.
El proyecto de ley apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato Constituyente Nacional originario, establecido en 1853, que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y a lo establecido por el artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.

La iniciativa fue remitida este viernes y tuvo una elaboración conjunta de equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, encabezada por la ministra Rosario Romero, contando con los valiosos aportes y propuestas de la AAJJ (Asociación Argentina de Juicio por Jurados) y del INECIP, (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), instituciones pioneras en la implementación de juicio por jurados en Argentina y América Latina.

Además, fueron actores claves en el proyecto de ley, las contribuciones realizadas por parte del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos.
Detalles
El servicio de jurado es una carga pública que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho.
El jurado estará integrado por 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones legales de un juez, que decidirán por unanimidad si el acusado es culpable o no culpable.

El procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que poseen de las normas, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.

La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.

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JUDICIALES