Al respecto, el letrado precisó que “en abril hice un amparo, por el que tuve un fallo favorable confirmado por el Superior Tribunal de Justicia, que fue una acción de ejecución abusada en el artículo 58 de la Constitución de la provincia, donde cualquier persona física o jurídica puede presentarse ante un juez para obligar a un funcionario público a que cumpla leyes que está incumpliendo”.
En este caso, remarcó que la presentación lo hizo directamente "en contra del gobernador Bordet, porque entendía que habían incumplimientos legales en areneras funcionando, responsabilidad de la Secretaría de Ambiente, que dependían del Ministerio de Producción y el gobernador”. Fue a través de esta sentencia que “se ordena a la provincia clausurar todas las areneras que trabajan de forma irregular”, viéndose afectadas así “9 areneras y 4 plantas de lavado”.
Asimismo, recordó que “hice un amparo ambiental en el Juzgado Federal en donde invoco y compruebo daño ambiental en la presentación, porque el sedimento de estas areneras están tapando los arroyos de la zona y están contaminando con hierro y manganeso el agua dulce”, que tuvo “un fallo favorable y tuvimos una audiencia en donde se decidió la clausura”.
El entrevistado valoró que, en esta ocasión, “estamos hablando de la salud de una población, porque estamos hablando del agua potable”. Es por eso que “el 6 de mayo se decretó la clausura de nueve areneras y cuatro plantas de lavado”. No obstante, manifestó que “cuatro días después de la sentencia, la Municipalidad de Ibicuy habilitó la arenera Cristamine”. La misma que fue clausarada la semana pasada, por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú. Según sus palabras, “el decreto 497.709 establece que, cuando una planta minera realiza una contaminación (en este caso habían tapado el arroyo Cuartillo) hay que clausurarla, multarla y obligarla a reparar el daño”, pero “nada de eso se hizo y el intendente de Ibicuy la volvió a habilitar, cuando es la Secretaría de Ambiente la que otorga el certificado de aptitud ambiental”.
Ante dicha habilitación “yo hice una denuncia penal contra el intendente de Ibicuy, los miembros de CORUFA y los miembros de la Secretaría de Ambiente”, donde “surge el tema de la contaminación ambiental” a raíz de la que “el juez le da vista al fiscal y abren una nueva causa, que termina con la inspección que hicieron el pasado viernes y la clausura de la arena”, explicó el abogado.
El letrado mencionó que, durante la inspección, “al ingresar a la planta ven sedimentación de hierro del agua subterránea, que no solo se veía, sino que se podía agarrar con la mano”. Además, desde la arenera “habían dado de baja el permiso de uso de agua subterránea, porque habían hecho unos diques de cola o piletones, donde aducían que reciclaban el agua y que se proveían del agua de lluvia”. Sin embargo, durante la visita “se descubrió que estaban utilizando clandestinamente agua subterránea”.
