Esto se debe a la presencia de diferentes zonas grises en las que “algunas medidas tienen contradicciones” y “nuestra obligación es interpretarlas conforme a los objetivos de las normas”, ya que el decreto “está escrito desde el Poder Ejecutivo Nacional para la realidad de la Capital Federal” y “si tengo una actividad que se puede hacer en un espacio casi abierto, seamos permisivos con esa actividad, pero que la autoridad administrativa aprueben un protocolo de seguridad para ese lugar específicamente”.
Asimismo, el fiscal valoró que “la norma tiene como objetivo evitar los contagios, entonces para evitarlo, adaptemos, entendamos, flexibilicemos” ya que “hay cuestiones que no son lógicas”, porque “si yo le digo a usted que puede abrir un local gastronómico según aforo, no entiendo por qué no puede no puede abrir un gimnasio según aforo”.
Por otro lado, Rodríguez Signes destacó que “la idea central” del decreto “es mantener la actividad económica” y “los gimnasios no dejan de ser unidades económicas, atrás de las que hay personas que viven de eso”, motivo por el cual se debe “ir al caso concreto, si la autoridad administrativa puede aprobar un protocolo, tengamos la flexibilidad suficiente para aplicar la norma”, dado que “el tratamiento diferencial debe ser por las condiciones sanitarias en las que se está trabajando ahí adentro”.
Dicho esto, aclaró que “lo más importante” de las nuevas medidas “es la prohibición de las reuniones sociales en domicilios particulares y la ventilación” de los lugares cerrados, además de “el uso del tapaboca”. Sin embargo, subrayó que “los gimnasios abiertos o la actividad organizada por gimnasios en espacios abierto está absolutamente permitida” y “deben tratar de ventilar al máximo, porque la ventilación es crucial” además de “respetar los aforos según cada gimnasio”.
Por último, remarcó que “de ninguna manera puede haber un amontonamiento de gente, porque eso es lo que transmite el virus” y agregó que “lo mismo se considera para institutos de danza y canchas de futbol 5 cerradas”, así como también se da en el caso de “las guarderías, que no son reguladas por el Consejo General de Educación y tienen el mismo tratamiento de unidades económicas”.
