Según se informó desde Nación, “se trata de un nuevo sistema para la operación y mantenimiento de los corredores viales mediante el cual el sector privado tomará posesión de las rutas nacionales concesionadas a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas”.

Conocido el anuncio, desde la concesionaria Caminos del Río Uruguay se emitió un comunicado donde se ratifica que “el Gobierno ha comunicado la decisión de licitar el Corredor 18, correspondiente a la Concesión otorgada oportunamente a Caminos del Río Uruguay S.A. que vencerá el 9 de abril de 2025, luego de disponerse la última prórroga de un año” Agregando que “dicho contrato tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada”.

Ante la novedad, la empresa concesionaria “hace pública su preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos”.
Afirmando que “esta situación no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 550 empleados”.

Según se afirma desde la firma, “el deliberado ahogo financiero derivado de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional ha provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados”.

Es allí donde se informa que “esta situación y la falta de respuesta del Concedente, forzó a Caminos del Río Uruguay S.A. a presentar su concurso preventivo, que culminó con la homologación reciente de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores”.

También se trae a colación que “los incumplimientos contractuales incurridos desde el año 2009, en especial por la falta de ajuste y por no realizarse la renegociación comprometida, llevaron a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria. Recientemente, el juez Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión”.

Pero pese a todo lo expuesto, Caminos del Río Uruguay S.A. asegura que “mantiene su vocación conciliadora de encontrar soluciones. Ratifica su intención de cumplir los compromisos asumidos, dentro de los cuales es relevante completar el proceso de renegociación acordado, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito del Corredor, y corregir errores cometidos en el pasado por los anteriores Gobiernos”.

Por último, se señala que “el país merece un nuevo marco, como el anunciado por las autoridades, que brinde a los privados oportunidades en un sistema de largo plazo, bajo condiciones de mercado y de competencia. Damos la bienvenida a implementar soluciones con estos objetivos, para las cuales la política de superávit fiscal y de reducción de la inflación son condiciones indispensables”.