Tras 10 años después de la denuncia inicial, Luis Mazurier y los demás imputados deberán afrontar la instancia del juicio oral y público, frente a un tribunal que dictaminará acerca de su inocencia o culpabilidad y eventuales penas si correspondieren. Ha concluido la IPP, Investigación Penal Preparatoria, lo mismo que la instancia de remisión a juicio, y el paso siguiente, en fecha a determinar, será lisa y llanamente el juzgamiento.
A Mazurier, director del Diario El Sol y expresidente de la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande), nombrado en ese cargo por el entonces gobernador Jorge Pedro Busti y quien era su ministro de gobierno Sergio Daniel Urribarri, se le atribuye la autoría de cinco hechos en los que habría incurrido en peculado en concurso real con administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública, más un sexto donde el delito sería el incumplimiento de obligaciones de funcionario público. En concreto, se lo acusa por la sustracción de fondos recaudados por la explotación del camping La Tortuga Alegre, las Termas del Ayuí y el Camping Las Palmeras, y de haber "omitido recibir la administración del Hotel Ayuí con la finalidad de apoderarse de manera ilegítima de los montos percibidos por su explotación comercial".
Dicho de otro modo, Fiscalía cree probado que Mazurier se apoderó tanto del Hotel Ayuí como de los fondos públicos que recaudaba la CODESAL, organismo que cobraba “en negro” las entradas a sus instalaciones, sin emitir facturas ni contar siquiera con CUIT de inscripción ante AFIP.
La instancia del debate permitirá que acusación y defensa presenten pruebas y declaren los testigos de parte. En la lista de quienes serán citados, a pedido de la defensa de Luis Mazurier, figuran dos exgobernadores: Jorge Pedro Busti y Sergio Urribarri.
Además de Mazurier, están imputados Cintia del Rosario Mengeon, Teresita Itatí Bordón, María Florencia Lauría y Alberto Jesús Villanueva.
Tras 10 años de historia, la causa acumula casi 200 voluminosos documentos, de varias hojas cada uno, un indicador de cuántos fueron los obstáculos que debieron sortearse para llegar finalmente a la instancia del juicio.
Los primeros pasos de la investigación estuvieron a cargo de Aníbal Lafourcade, en tiempos en que se desempeñó como Fiscal, y cuando la Justicia recién estrenaba el sistema acusatorio. Más tarde, una vez que Lafourcade fue nombrado juez, tomó la posta José Emiliano Arias.
Uno de los últimos intentos de la defensa de Mazurier por postergar la elevación a juicio consistió en plantear la “incompetencia” de la Justicia provincial y, en consecuencia, el traspaso de las actuaciones al fuero federal. Es decir, se pretendió dejar fuera de juego al Poder Judicial de Entre Ríos cuando llevaba 10 años investigando el caso, petición que el Juez de Garantías Darío Mautone rechazó de plano.
También en la audiencia de este miércoles hubo nuevos intentos de “patear la pelota hacia adelante”. Como por ejemplo, cuando el defensor de Mazurier, Osvaldo Sarli, pidió “la realización de pruebas contables, informáticas y técnicas”. Mautone no hizo lugar, por entender que la solicitud tenía “carácter dilatorio”.
Vale remcarcar que el magistrado actuante en esta etapa consideró prescripto uno de los delitos que le atribuyó Fiscalía a Mazurier, puntualmente el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por no haber inscripto ante la AFIP a la CODESAL.
