El prefecto Guillermo Pais estableció que, tras una minuciosa investigación, se constató la existencia de una cámara instalada ilegalmente por un funcionario del área de Migraciones argentina en uno de los baños habilitados al público.
Tras comprobarse el material fílmico registrado se procedió a informar a la fiscalía de Fray Bentos, la cual inició las actuaciones de rigor.
Pais informó que, en paralelo, empezó a actuar la Justicia argentina para determinar responsabilidades penales del funcionario del Ministerio del Interior, el cual inmediatamente fue separado del cargo.
La investigación apunta a determinar si el individuo actuó por su cuenta o si existe alguna vinculación con otras personas.
